AN pide a OIT pronunciarse sobre uso de mecanismos judiciales para perseguir y callar a trabajadores

Diputado Ángel Medina

Prensa AN/ Foto: Julio Rojas

La Asamblea Nacional (AN) rechazó el uso de mecanismos judiciales para callar y amedrentar a la clase trabajadora, lo que en voz del diputado Ángel Medina, proponente del tema,  ha venido siendo utilizando en los últimos años por quienes detentan el poder en Venezuela para esclavizar a los trabajadores que luchan por sus derechos laborales.

Durante el debate contra de la judicialización de la protesta laboral y sindical en Venezuela, el pleno del Parlamento aprobó, además solicitar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se pronuncie en contra de dicha judicialización de la protesta laboral sindical “que ha transformado el trabajo y el salario,  en un instrumento para  que el gobierno cercene la libertad  y esclavice a los trabajadores”, expresó Medina.

Denunció que el poder judicializa la lucha de los trabajadores persiguiéndolos y encarcelándolos y utiliza el trabajo como una tenaza para oprimir la libertad, resaltando que durante el año 2018 se realizaron 6 aumentos que hicieron a los trabajadores más dependientes, pues cada que se incrementa el salario el gobierno  lo hace con la  complicidad criminal de la hiperinflación que es es la mejor aliada de la opresión.

Resaltó el legislador que la lucha de los trabajadores no es sólo por beneficios puntuales, “pues saben lo que nos jugamos y apuestan por Venezuela distinta. Hablan de producción para llegar  a  la grandeza por medio del trabajo”, dijo.

Desde la AN los diputados se solidarizaron con Rubén González, Secretario General del Sindicato de Ferrominera del Orinoco, detenido junto a otros nueve trabajadores por protestar y exigir el respeto a sus derechos, quienes están siendo procesados por tribunales militares sin competencia argumentando, entre otras cosas, violación de zonas de seguridad.

“La verdad -preciso el parlamentario Rafael Veloz- es que quieren callarlo por denunciar el deterioro profundo de la empresa    así como la pretensión de  vender Ferrominera a los chinos y para la cultura china los  derechos laborales no son aplicables”.

En este sentido, pidió que se haga un esfuerzo por  delatar e identificar las caras de los funcionarios que administran la justicia persiguiendo a quienes piden justicia laboral.

Entrega de la soberanía

Por su parte, el diputado José Prat denunció que detrás de estas acciones de judicialización y persecución a los dirigentes sindicales, está la exigencia de las empresas chinas de acabar con la protesta que mantienen los trabajadores de Ferrominera por el respeto a la contratación colectiva.

Señaló que el régimen por medio de los cubanos consiguió esta forma para descabezar el movimiento sindical, “apresando a dirigentes y sembrando terror en la lucha por contratación colectiva”.

A su juicio, esto no es una privatización, sino una toma de las áreas operativas y el capital chino ordena a Maduro acabar con esas protestas para poder asumir.

Prat cuestionó además que Venezuela tiene años explotando sus minerales y ahora vienen extranjeros a hacerlo cuando se tiene toda una vida realizándolo. “Esto es la entrega por cuotas de la soberanía nacional”, sentenció.

Durante su intervención, el legislador contrastó que mientras el gobierno está entregando el eje de Ferrominera del Orinoco a China, Turquía y al Ejercito de Liberación Nacional (ELN) colombiano, acusan a Rubén González de traición a la patria.

“¿Quién es quién, el que pide que se respete la Constitución y las leyes o el que entrega nuestras riquezas naturales a potencias extranjeras?”, cuestionó Prat.

Sobre este aspecto solicitó y se aprobó que a los trabajadores detenidos, por ejercer su derecho constitucional a la protesta,   se les dé el rango de presos y perseguidos políticos y así defenderlos y luchar por su liberación.

Por su parte, para el asambleísta  Juan Carlos Bolívar en Venezuela estamos en presencia de un Estado cuartel, con la sociedad civil militarizada, para generar el miedo y el terror en la población.

Destacó que la clase trabajadora que saca adelante el país se siente cada día más presionada e intimidada por el régimen.

“Vemos con mucho dolor como un hombre que dice llamarse obrero persigue a los trabajadores por el hecho de solicitar justicia”, precisó Bolívar, recordando que varias veces la OIT ha pedido venir al país para hacer un estudio de la situación de los trabajadores y el gobierno se ha negado rotundamente.

Solicitó la designación de una comisión se traslade a la cárcel de La Pica, en Maturín,  para ver estado del secretario de Ferrominera Rubén González.

Durante el debate intervinieron además dirigentes gremiales, entre ellos, Mauro Zambrano quien acusó a Nicolás Maduro de perseguir a la clase obrera venezolana, reiterando  que a Rubén González lo acusan de delitos militares. Propuso ir a una gran protesta de trabajadores y políticos.

Asimismo, el dirigente José Elías Torres afirmó que lucha no es sólo reivindicativa, destacando que es también por el fracaso del modelo social, económico y político que no tiene más salida que el cambio de gobierno.

Cabe destacar, que el debate sobre la judicialización de la protesta laboral culminó con la intervención de la diputada Milagros Eulate, quien señaló que en Venezuela las luchas reivindicativas laborales se convirtieron en delito.

Advirtió que se necesitarán muchas más cárceles  para   obreros, profesores, médicos, enfermeras  y todos trabajadores que estarán en pie en lucha.

“Nicolás el tiempo es corto para ti. Los trabajadores piden que renuncies o  si no te sacarán”, puntualizó.