Por culpa de un grupo de personas mueren más de 50 reses en finca Monte Carlo

Agustín Volcanes

Fotos:AV

La finca agropecuaria Monte Carlo con 116 hectáreas, ubicada en el sector Caño Arena, parroquia Héctor Amable Mora, municipio Alberto Adriani del estado Bolivariano de Mérida, que  se encontraba en plena producción, fue tomada el 19 de agosto en horas de la madrugada por un grupo de 30 personas que se dicen autorizados por dirigentes agrarios. Las comunidades de la zona rechazan estas viles acciones que vienen cometiendo este grupito de personas.

Se conoció que los tomistas encerraron en menos de una hectárea desde el 29 de marzo de 2019, 180 reses destinados a la producción de carne, y debido al sobrepastoreo de los animales en ese lugar, y a pesar de los esfuerzos realizados por la propietaria para su alimentación como el corte de pasto en fincas vecinas, alimentos concentrados, heno, etc., ha sido insuficiente y como consecuencia de ésta situación de vías de hecho, el ganado se encuentra actualmente en severo estado de desnutrición por lo tanto diariamente están muriendo, al punto que hasta el día de ayer han fallecido 50 de ellos.

Situación que lamentablemente está ocurriendo a pesar de que existen decretadas unas medidas cautelares innominadas a la producción pecuaria presente en el referido predio Monte Carlo para garantizar la producción pecuaria que allí desarrolla.

Cabe señalar, que las personas que están ilegalmente boicoteando la producción ganadera, denunciaron en el Instituto Nacional de Tierras previamente a ingresar de forma violenta e ilegalmente a la finca que la misma estaba ociosa, sin embargo luego de cumplir los procedimientos legales necesarios, el Instituto Nacional de Tierras decretó en el mes de Diciembre de 2018 que tal denuncia realizada por los tomistas era improcedente, a pesar de tal situación los mismos persisten en el predio Monte Carlo de forma caprichosa causando el boicot a la producción pecuaria y violentando la soberanía nacional en materia alimentaria.

 Es necesario que las instituciones del Estado se avoquen a la solución de tal irracional acción por parte de seudo dirigentes que dicen ser campesinos, que se aprovechan de terceros vulnerables para que participen de la toma de la finca y a quienes quincenalmente les cobran vacuna.

Máxime en un país colapsado por la crisis de alimentos que padecen en general todos los venezolanos.

Es de hacer notar, que tanto el INTI como el Tribunal Agrario declaró contundentemente que la finca de 116 hectáreas en referencia se encontraba, antes de ser tomada en plena producción, razón por la cual esta propiedad debe ser devuelta a sus propietarios en lo inmediato, tal como lo exigen a las autoridades competentes, de modo de continuar produciendo alimentos que contribuyan en buena medida a aliviar la crisis alimentaria de Venezuela.