Por negligencia murió un preso en la cárcel de Uribana
El sistema penitenciario venezolano suma una nueva víctima a su lamentable lista de fallecidos por la negligencia y la desidia del Estado. La semana pasada se registró el deceso de Henry Pastor Cristancho Becerra, de 53 años de edad, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, ubicado en el estado Lara.
A esta tragedia se suma la absoluta opacidad de información por parte de las autoridades penitenciarias. Se pudo conocer, gracias a las denuncias de fuentes internas de la prisión, que el recluso se encontraba con problemas de salud desde hacía días; sin embargo, hasta la fecha se desconoce la verdadera causa clínica de su muerte debido al hermetismo oficial.
Como lamentablemente ya es una práctica común para este régimen, las muertes bajo custodia del Estado no son investigadas con la debida diligencia, negando a los familiares su derecho a la verdad y perpetuando un ciclo de impunidad.
El deceso de este privado de libertad es el reflejo de la grave crisis humanitaria que azota a los recintos carcelarios del país. Familiares de los privados de libertad han relatado al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que las condiciones de reclusión en Uribana son inhumanas y degradantes.
Actualmente, los reclusos sobreviven a diario con una dieta basada única y exclusivamente en harinas, sin la ingesta de ningún tipo de proteínas, vitaminas ni nutrientes esenciales. Esta alimentación deficiente ha provocado cuadros de desnutrición severa y pérdida de peso en gran parte de la población penal.
A esta hambruna sistemática se le suma el colapso total del derecho a la salud. Dentro del penal es prácticamente inexistente la atención médica oportuna, no se cuenta con médicos generales, mucho menos con personal especializado, ni con los insumos básicos para diagnosticar o tratar enfermedades.
En el caso de Cristancho, el deterioro de su salud fue ignorado en la prisión, y la falta de asistencia médica se convirtió en una condena a muerte que pudo haberse evitado.
Es de recordar que la cárcel de Uribana se encuentra bajo medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), desde el 2 de febrero del 2007. Una medida que tiene 19 años siendo ignorada por el régimen.
Desde OVP hemos exigido reiteradamente al Estado venezolano que adopte las acciones necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad personal de los reclusos en este recinto y no hemos obtenido respuesta alguna.
Garantizar la vida de quienes se encuentran bajo la custodia del Estado no es una opción o un favor, sino una obligación constitucional e internacional. Mientras desde el régimen continúen ocultando la realidad e ignorando estas medidas de protección, las cárceles seguirán funcionando como depósitos de seres humanos donde imperan el hambre, el abandono y la muerte sin responsables.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Foto: Archivo