Recuperar la justicia: las 10 exigencias del Laboratorio de Paz para la renovación de la Fiscalía y la Defensoría
El Ministerio Público tiene la responsabilidad de dirigir la investigación penal. Foto: Rayner Peña / EFE
Ante la inminente designación de nuevas autoridades para el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, la organización Laboratorio de Paz presenta un decálogo de compromisos para rescatar la institucionalidad y proteger a las víctimas en un contexto de transición compleja
EL NACIONAL
La arquitectura institucional de Venezuela se enfrenta este marzo de 2026 a un examen de fondo que trasciende el mero intercambio de nombres en el Parlamento. En medio de la «tensa calma» que dicta la política nacional, la próxima renovación de las cabezas del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no puede ser un ejercicio de mera cosmética institucional. El Laboratorio de Paz ha sido tajante: para que el país avance, se requiere una cirugía mayor en el sistema de justicia.
El documento «Recuperar la justicia: 10 exigencias para el nuevo fiscal y defensor del pueblo en Venezuela» disecciona la parálisis que ha convertido a estas entidades en muros de contención contra el reclamo ciudadano. No es un tema de simpatías políticas, sino de operatividad democrática frente al escrutinio de instancias como la ONU y la CIDH.
Del reparto de cuotas a la independencia real
La exigencia primera del decálogo apunta al corazón del problema: la independencia institucional. El Laboratorio de Paz demanda que tanto la Fiscalía como la Defensoría operen sin el «tejemaneje» de la subordinación partidista. La justicia, para ser tal, debe fundamentarse en criterios técnicos y no en intercambio de favores.
Esto se traduce en la urgencia de investigar todas las violaciones graves de derechos humanos. No se puede hablar de reconciliación en 2026 si el Ministerio Público no acelera procesos imparciales sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. La impunidad estructural, ese adefesio que ha blindado a altos funcionarios, debe ser desmantelada si se pretende enviar una señal de cambio a los mercados internacionales y a la sociedad civil.
El radar en los calabozos y el debido proceso
La propuesta subraya el papel de la Defensoría del Pueblo, que debe abandonar su letargo para actuar de oficio ante los abusos. La supervisión rigurosa de los centros de detención es innegociable. En un país donde las cárceles siguen siendo espacios de opacidad, el monitoreo constante es la única barrera contra el trato cruel y la violencia sexual.
Asimismo, el pliego exige reducir el uso arbitrario de la detención preventiva. La práctica de convertir la prisión sin condena en una pena anticipada ha sido una constante en el entramado judicial venezolano. La Fiscalía tiene la obligación de garantizar que el proceso sea la regla y la cárcel, la excepción necesaria.
Una brújula internacional para la justicia
El decálogo cierra con una mirada hacia afuera. La Defensoría debe regirse por los Principios de París, asegurando pluralismo y capacidad operativa. Pero, sobre todo, se exige la cooperación plena con los mecanismos internacionales. El acceso expedito a expedientes y centros de detención para las misiones extranjeras es el único salvoconducto para que Venezuela recupere la confianza en el concierto de naciones.
La rendición de cuentas no puede seguir siendo un ejercicio de retórica. Se requieren informes públicos, estadísticas verificables y resultados que se sientan en los tribunales de control.