Inseguridad alimentaria en Venezuela – Por José Alirio Rodríguez Montilva
El acceso a la alimentación constituye un derecho fundamental en la humanidad, es la fuente de energía que permite mejorar las condiciones de vida tanto individuales como colectivas. Ese derecho a tener una alimentación adecuada se debe promover a través del Estado, el cual debería tener la responsabilidad de garantizar el disfrute pleno de todos a acceder a alimentos adecuados y de buena calidad dentro de su territorio. Sin embargo, en Venezuela, se evidencia lo contrario, actualmente el país atraviesa por el más grave problema económico en los últimos años, que además, se ha visto influenciado por la disminución de la renta petrolera y los bajos incentivos por parte de desacertadas políticas en el sector agropecuario, impulsando la caída de la producción, y por ende favoreciendo la escasez.
La evidencia de inseguridad alimentaria en el país se refleja en la falta de disponibilidad, en el acceso y en el uso de los alimentos, sumado contribuyendo al deterioro de la situación alimentaria, nutricional y de salud. A través de la Confederación de Agricultores y Productores Agropecuarios (FEDEAGRO) se ha reportado una caída PIB en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, caza, y pesca de hasta un 4.6% para el 2014. Lo que evidencia una contracción en la producción nacional y que hoy en día se complica con la merma de las importaciones, afectando considerablemente la disponibilidad de alimentos en el territorio nacional por parte de las industrias nacionales.
En este sentido, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI) los alimentos que en su mayoría compran los venezolanos luego de 2016, son el arroz, la harina, el trigo y los tubérculos. Desplazando los rubros ricos en proteína del sector pecuario como la carne, el pollo, el pescado, e inclusive los agrícolas, tales como la lenteja y las caraotas, ya que en su mayoría, aquellos que se encuentran en el mercado son inasequibles debido a sus altos precios, y que hoy se le suma la hiperinflación. Esto ha creado un impacto negativo en la nutrición y salud, que se refleja en el cambio del patrón alimentario, y por consiguiente afecta el bienestar de las personas y la sociedad en general.
De esta manera, ante la grave situación, es indispensable que el gobierno reconozca que existe una crisis de seguridad alimentaria que está afectando la salud de millones de personas. Por ello, es imprescindible hacer una revisión exhaustiva de las políticas públicas, dirigidas a la producción y distribución de alimentos. También se debe generar confianza en los sectores productivos, de modo que el sector privado tenga el incentivo necesario para producir agroquímicos, semillas, maquinaria, asistencia técnica necesaria en el sector agropecuario. Mientras que en el corto plazo se debe abrir un canal humanitario que permita el ingreso de alimentos y fármacos con el fin de paliar la grave crisis que vive el país.
Estudiante del Décimo Semestre de Economía en la FACES-ULA