La UE renovó hasta enero de 2027 las sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela
Las medidas que afectan a 69 personas relacionadas con la administración de Nicolás Maduro incluyen prohibición de viajes, congelación de activos, entre otras
EL DIARIO
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prolongaron el 15 de diciembre las sanciones por la crisis en Venezuela hasta el 10 de enero de 2027, durante una reunión en Bruselas.
“La decisión se tomó a la vista de las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho, las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, indicó el Consejo de la UE.
Las sanciones afectan a 69 funcionarios relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro, que están sujetos a una congelación de activos. También está prohibido suministrarles fondos o recursos económicos directa o indirectamente y no se les permite viajar al territorio de la UE.
El Consejo recordó que la UE introdujo sanciones sobre Venezuela en noviembre de 2017, con medidas que incluyen un embargo de armas y equipamiento para la represión interna.
Además, el organismo apuntó que el objetivo de las sanciones del club comunitario es apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela.
“La UE no ha adoptado medida alguna que pueda causar daño a la población venezolana o a la economía. La responsabilidad para terminar la crisis en Venezuela recae en sus autoridades”, comentó el Consejo en un comunicado.
Igualmente, recalcó que el levantamiento de las sanciones dependerá del progreso tangible en los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela, junto con pasos hacia un diálogo genuino y una transición democrática en el país.
Sanciones anteriores de la UE a funcionarios venezolanos
El Consejo de la UE impuso el 9 de enero sanciones a 15 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro ante la falta de avances hacia un diálogo entre los factores políticos en Venezuela.
El decreto amplió la lista de sanciones contra funcionarios y altos cargos de Venezuela con el argumento de la persistente crisis de derechos humanos en el país.
La lista de funcionarios sancionados incluye a miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de órganos de inteligencia nacional.
Esta es la lista de los 15 funcionarios sancionados en enero de 2025:
– Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Sala Electoral del TSJ: “por declarar incontestable la victoria presidencial de Nicolás Maduro en 2024 y de interferir en elecciones primarias opositoras”.
– Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ y de la Sala Electoral: “por participar en la certificación de resultados electorales no transparentes”.
– Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado de la Sala Constitucional del TSJ: “por apoyar la certificación de resultados electorales irregulares”.
– Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ: “por excluir a María Corina Machado como candidata presidencial”.
– Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE): “por causar retrasos en procesos electorales y bloquear denuncias de irregularidades”.
– Carlos Enrique Quintero Cuevas, vicepresidente del CNE: “por obstaculizar un proceso electoral transparente”.
– Conrado Ramón Pérez Briceño, rector principal del CNE: “por participar en decisiones que afectaron la transparencia electoral”.
– Rosalba Gil Pacheco, rectora principal del CNE y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral: “por participar en decisiones que impidieron resultados electorales exactos”.
– Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal auxiliar del Ministerio Público: “por participar en la persecución judicial de Edmundo González, candidato opositor”.
– Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia: “por emitir una orden de detención contra Edmundo González Urrutia por motivos políticos”.
– Alexis José Rodríguez Cabello, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin): “por estar implicado en violaciones graves de derechos humanos y represión de opositores”.
– Miguel Antonio Muñoz Palacios, director adjunto del Sebin: “por supervisar las detenciones arbitrarias y torturas en el centro de detención El Helicoide”.
– Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): “por su presunta responsabilidad en violaciones de derechos humanos tras las elecciones de 2024”.
– Asdrúbal José Brito Hernández, director del Departamento de Investigaciones Penales (DEIPC) de la DGCIM: “por estar vinculado con torturas y represión contra opositores”.
– Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): “por su responsabilidad en la represión de protestas pacíficas y violaciones de derechos humanos”.