CIDH publica informe “Impactos de la violencia en los derechos humanos en Colombia”
Washington, DC— La CIDH publica informe sobre “los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”. resultado de la visita in loco realizada entre el 15 y el 19 de abril de 2024. El documento analiza los impactos de la violencia en la situación de los derechos humanos en el país y las respuestas estatales a dicho fenómeno. Se formulan 57 recomendaciones, que incluyen un proceso nacional de diálogo con enfoque en la paz; la implementación efectiva del Acuerdo de Paz y políticas orientadas a erradicar la pobreza y mitigar la desigualdad.
El informe examina los impactos derivados de la persistencia del conflicto armado, la expansión de actores armados al margen de la ley, incluyendo el crimen organizado y las economías ilícitas; la violencia institucional; las barreras de acceso a la justicia; y, la crisis estructural del sistema penitenciario. A la vez, evalúa las principales políticas públicas de paz, identificando avances y desafíos, con una perspectiva histórica, territorial e interseccional.
El documento analiza los impactos diferenciados de la violencia y la pobreza, tomando en cuenta la desigualdad y la discriminación estructural que persisten en el país. En ese sentido, se examinan las brechas persistentes que afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y víctimas de desplazamiento forzado.
Se reconoce a la violencia como un fenómeno estructural vinculado al conflicto armado, las economías ilícitas y las desigualdades históricas, con impactos diferenciados sobre grupos específicos. La CIDH examina las diversas manifestaciones de la violencia, incluyendo homicidios, masacres, violencias basadas en género, reclutamiento forzado, desplazamiento, confinamiento y control territorial ejercido por grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Asimismo, se evalúan las respuestas estatales, evidenciando debilidades institucionales persistentes.
Asimismo, el documento aborda la violencia institucional como una expresión estructural de discriminación y desigualdad, derivada tanto de acciones directas y omisiones del Estado. En este marco, se analizan los obstáculos al acceso a la justicia, la impunidad generalizada y las barreras territoriales, étnico-raciales y de género. Además, se examina la crisis del sistema penitenciario, subrayando la necesidad de reformas estructurales con enfoque interseccional y territorial.
El informe examina las políticas públicas de paz como respuesta a las desigualdades estructurales y a los impactos del conflicto armado, con especial atención a las reformas impulsadas desde la Constitución de 1991 y su profundización a partir del Acuerdo de Paz de 2016. Se analizan los avances y las limitaciones en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Reforma Rural Integral, la participación política y las garantías de los derechos de las víctimas. También, se evalúa el desarrollo de la política de Paz Total y los desafíos pendientes para consolidar una paz estable, inclusiva y sostenible, con enfoques territorial, étnico, diferencial y de género.
El informe concluye que la persistencia del conflicto armado ha generado un orden social violento en diversos territorios de Colombia, donde la vida humana ha sido despojada de valor y las relaciones sociales se han estructurado en torno al miedo, la coerción y la exclusión. Se destaca la ausencia prolongada del Estado que permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales, afectándose de forma directa la democracia, el Estado de derecho y el goce efectivo de los derechos humanos de personas y comunidades enteras en absoluta situación de vulnerabilidad.
La CIDH reconoce que Colombia ha emprendido un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia, avanzando hacia una política de seguridad humana basada en derechos, dignidad y participación. Sin embargo, subsisten obstáculos estructurales que dificultan la implementación del Acuerdo de Paz y el cumplimiento integral de las obligaciones internacionales del Estado.
Con el ánimo de contribuir a los esfuerzos estatales para atender los desafíos destacados en el informe, se presentan 57 recomendaciones específicas. Al respecto, la CIDH reitera su compromiso de acompañar a Colombia en la protección y defensa de los derechos humanos en el contexto de la violencia y desigualdades detectadas en el informe.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2025/Informe_Colombia_IV.pdf