6 mujeres suman la lista de más de 100 presas políticas en Venezuela

Las mujeres enfrentan diversas vulnerabilidades relacionadas con su género que pueden agravarse en situaciones de detención arbitraria

Gabriela Buada Blondell. – Caleidoscopio Humano.-  El equipo de monitoreo y documentación de Caleidoscopio Humano verificó la detención arbitraria y desaparición de 6 mujeres en Venezuela, luego del proceso electoral regional convocado por Nicolás Maduro el pasado 25 de mayo. Estos nombres se suman a la lista de las más de 100 presas políticas en el país.

Durante la nueva ola de detenciones arbitrarias entre el 21 al 26 de mayo cuando líderes del chavismo anunciaron la «Operación Tun Tun», el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la cifra de detenciones, en las que especificó que por lo menos 10 de las 70 personas detenidas, son mujeres y que fueron arrestadas en estos operativos.

A través de una rueda de prensa el viernes 23 de mayo, el ministro solo hizo pública las identidades de cuatro de estas mujeres, sin dar ninguna explicación de su paradero y de qué cargos se les acusa. Solo fotos de reseñas policiales que les expone a una investigación que tampoco, se conocen detalles de si se está haciendo con el debido respeto de los derechos humanos.

• Yalida Mendoza fue reseñada en rueda de prensa por presuntamente pertenecer a un grupo de desestabilizadores. No se ofreció más información de su detención.
• Nelida Maita, activista del partido Encuentro Ciudadano en el estado Guárico. También apareció su imagen en la rueda de prensa del 23 de mayo.
• Yraida Coromoto Ruiz García fue reseñada en rueda de prensa por presuntamente pertenecer a un grupo de desestabilizadores. Tampoco se sabe de su paradero ni se ofreció más información de su detención.
• Naomi Arnaudez, abogada y activista por los derechos de las mujeres. Se la llevaron de su vivienda en Caracas durante la madrugada del viernes 23 de mayo. Además de que fue mostrada por reseña en la rueda de prensa del 23 de mayo, su familia y organizaciones de derechos humanos han denunciado que no se sabe de su paradero.
• Lourdes Villareal, dirigente sindical y educadora. Detenida arbitrariamente frente a su casa en Caracas el 22 de mayo. Organizaciones y familiares han denunciado que no saben de su paradero.
• Catalina Ramos, coordinadora nacional de Asociaciones Ciudadanas de Vente Venezuela y ex presidenta de la asociación de egresados de la USB, fue detenida el 26 de mayo en Caracas. Apareció reseñada en rueda de prensa del miércoles 28 de mayo también del ministro de Interior, Justicia y Paz. Se le vincula (por administrar un grupo de signal) a una red de supuesto financiamiento a Juan Pablo Guanipa para desestabilizar y aterrorizar durante las elecciones regionales del pasado 25 de mayo.

Estas mujeres se suman a la lista de las más de 100 que todavía siguen víctimas de la prisión por razones políticas y que no se pueden olvidar.

Violencia política contra las mujeres en medio de detenciones arbitrarias, desaparicones, torturas y tratos crueles

Rocío San Miguel, abogada, profesora universitaria y defensora de derechos humanos. El 9 de febrero de 2024 fue detenida en el Aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a viajar con su hija. Después de estar diez días incomunicada y sin que se conociera su paradero, su hija pudo visitarla en El Helicoide.

El caso de Rocío ha sido la muestra clara de persecución de quiénes defienden derechos humanos en el país ya que ha estado sumergido en diversas violaciones de derechos humanos. Además de su desaparición forzada que originó serios pronunciamientos de organismos internacionales, no se le permitió nombrar defensa de confianza y el 11 de diciembre de 2024 se pudo conocer que sufrió una fractura en agosto de ese mismo año, luego de una caída en su centro de detención (a causa de una laberintitis), la cual no fue atendida en su oportunidad. Ante ese escenario su abogado estimó que la defensora de los DD.HH., debe recibir «…una medida cautelar por razones humanitarias que le permita ser atendida por personal médico de su confianza, pueda recibir los cuidados en el postoperatorio y cumpla con el proceso de rehabilitación». (Ver cronología de Acceso a la Justicia).

Emirlendris Carolina Benítez Rosales fue detenida el 5 de agosto de 2018 en el estado Portuguesa junto a su esposo. Fue desaparecida y luego apareció en una audiencia donde le imputaron los delitos de homicidio calificado frustrado, terrorismo, traición a la patria, entre otros. Estaba embarazada para el momento de su detención y sufrió un aborto. Fue sometida a brutales torturas que le dejaron secuelas. Emirlendris cumple una condena injusta de 30 años de prisión en el centro del Instituto Nacional de Orientación Femenina de Los Teques, en Caracas. Amnistía Internacional emitió pronunciamiento y acción urgente.

Yosida Venegas de 67 años de edad, madre del sargento Juan Carlos Monasterio quien fue detenido por presuntamente estar involucrado a un magnicidio. Cinco años después, el 15 de agosto de 2023, sin estar solicitada por las autoridades, fue detenida en Táchira luego de regresar al país. La acusaron de haber financiado actos violentos. Actualmente se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Ángela Lizbeth Expósito Carrillo, investigadora y exdirectora de la ONG Fundanimal. Señalada por presuntamente encubrir a uno de los vinculados al caso de los drones. Fue imputada por los delitos de Asociación para Delinquir, Financiamiento al Terrorismo y Encubrimiento. Se encuentra desde el 21 de septiembre de 2018 en el Centro de Procesados y Penados área Metropolitana de Caracas 1, máxima seguridad (sebin).

María Auxiliadora Delgado Tabosky es familia de un militar retirado. Fue imputada por el delito de Financiamiento al Terrorismo y le fue decretada la privación judicial preventiva de libertad. Detenida arbitrariamente desde el 2 de octubre de 2019. Se encuentra en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Yanín Fabiana Pernía Coronel la vincularon al caso de los drones. Ha sido víctima de brutales torturas como aislamiento, descargas eléctricas, asfixias, sometida a bajas temperaturas sin ropa y mojada, golpeada en la cara con el puño. Se encuentra en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) desde el 25 de abril de 2020.

Yolimar y Andreina Alemán Castellano están presas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) solo por ser hermanas del teniente Richard Alemán.

Ivonne Barrio vinculada al caso del “espía gringo”, un ciudadano estadounidense a quien su esposo le hizo una carrera de taxi. Está recluida en la DGCIM a orden del Tribunal Cuarto Contra el Terrorismo en Caracas, separada de su familia desde el 2 de octubre de 2024. Se encuentra en el Centro de Procesados y Penados área Metropolitana de Caracas 1, máxima seguridad (sebin).

Samaira Romero Armario, Sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), detenida por la Operación Gedeón. Fue sometida a torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes para el momento de su captura en el estado Aragua. Se encuentra desde el 10 de mayo de 2020 en el Centro de Procesados y Penados área Metropolitana de Caracas 1, máxima seguridad (sebin).

Carla Yancelis Antón Farías, vinculada el 17 de junio de 2019 al caso del gobernador de Monagas. Teniente encerrada cuatro días en un cuarto, luego trasladada a la sede de la DGCIM siendo sometida a tratos crueles e inhumanos. Actualmente se encuentra en Ramo Verde (Centro Nacional de Procesados Militares).

La periodista Nakary Mena Ramos fue detenida el 26 de mayo de 2025 junto a su esposo Gianni González, luego de estar desaparecidos durante dos días. Esta desaparición forzosa y luego privación de libertad ocurrió tras un reportaje de la periodista informando sobre el aumento de robos y hurtos en Caracas. El Ministerio Público (MP) la acusó por delitos de instigación al odio y publicación de noticia falsa. Su esposo ejercía funciones de camarógrafo. Se encuentra en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Distintas organizaciones de derechos humanos que defienden los derechos de las mujeres han advertido que estas mujeres, víctimas de prisión política enfrentan diversas vulnerabilidades relacionadas con su género que pueden agravarse en situaciones de detención arbitraria.

Desde Caleidoscopio Humano hacemos énfasis en que algunos de los riesgos que se incrementan y que ya han sido denunciado en estos casos, son:

• Violencia de género y violencia sexual: Las mujeres detenidas pueden ser víctimas de abusos físicos, sexuales o psicológicos por parte de autoridades, incluyendo malos tratos, violación o explotación durante el proceso de detención o en las instalaciones penitenciarias.
• Falta de acceso a atención médica especializada: Las mujeres pueden tener dificultades para recibir atención médica adecuada, especialmente en casos de embarazo, parto o condiciones de salud específicas, lo que las hace más vulnerables a complicaciones o abusos.
• Discriminación y trato diferenciado: La detención arbitraria puede estar acompañada de un trato diferenciado basado en su género, lo que puede incluir humillaciones, discriminación o negligencia.
• Situaciones de pobreza y exclusión social: Las mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica enfrentan mayores dificultades para acceder a asesoría legal, representación y protección durante su detención. Incluso familiares que no pueden asumir lo que significa el cuidado de alguien en prisión.
• Falta de protección para madres y mujeres embarazadas: Las mujeres embarazadas o madres lactantes enfrentan una mayor vulnerabilidad y, en muchos casos, no reciben la atención especializada que requieren, poniendo en riesgo su salud y la de sus hijos.
• Estigma y discriminación social: La estigmatización social puede afectar la protección y los derechos de las mujeres detenidas, limitando su acceso a justicia y apoyo.

Estas vulnerabilidades resaltan la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de derechos humanos en medio de estas olas de detenciones que muy lejos garantizan condiciones dignas y seguras ni promueven la igualdad de género en el acceso a justicia y protección en Venezuela.

. Trabajo de verificación y documentación a través de periodistas, familiares y la ONG Justicia Encuentro y Perdón.