Fiscal Karim Khan bajo investigación mientras Venezuela espera justicia
Esta semana, AlertaVenezuela comparte unas reflexiones de Luis Carlos Díaz, defensor de derechos humanos que hace seguimiento al caso Venezuela I y explica de manera sencilla y pedagógica los últimos acontecimientos en la Corte Penal Internacional y su posible impacto sobre el caso Venezuela I.
ALERTA VENEZUELA
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se ha apartado temporalmente de su cargo mientras se lleva a cabo una investigación externa por presunta conducta sexual inapropiada. El anuncio lo hizo su oficina el viernes 16 de mayo de 2025. Al mismo tiempo el Fiscal enfrenta una serie de sanciones personales de Estados Unidos que ha restringido su trabajo y tiene efectos en las actividades de la CPI. Veamos qué significa todo esto y qué efectos tiene para Venezuela.
El caso Venezuela ante la CPI: ¿avanza o se estanca?
Durante la ausencia del Fiscal General, los fiscales adjuntos Mame Mandiaye Niang y Nazhat Shameem Khan asumirán la dirección de la Fiscalía. El anuncio está hecho. Al mismo tiempo cada situación y caso en la CPI tiene a un equipo de personas trabajando, con vicefiscales que llevan adelante su trabajo. Esa actividad se mantiene y esos equipos no han parado de trabajar. Sobre Venezuela, por ejemplo, siguen en la etapa de investigación, que significa sustanciar pruebas para establecer casos concretos que permitan señalar la responsabilidad individual de altos funcionarios venezolanos en posibles crímenes de lesa humanidad.
Se espera que con la situación de Venezuela se pueda pasar a tener casos concretos. Esta investigación se abrió a finales de 2021, fue retrasada por el Estado venezolano, luego apelada en 2023, y está fluyendo sin tropiezos desde marzo de 2024 según funcionarios de la Corte. Por lo tanto, la resolución de una investigación contra el fiscal Khan en un momento tan álgido será clave para determinar el futuro liderazgo y la dirección del tribunal.
Uno de los vicefiscales que asume su rol, Mame Mandiaye Niang, fiscal adjunto desde 2022, de Senegal, trabajó en los tribunales especiales para Ruanda y Yugoslavia, y coordina al equipo investigador de la situación Venezuela.
La situación de un fiscal que deja su cargo es inédita, pero el Estatuto de Roma, el instrumento que rige la actividades de la CPI, prevé mecanismos para no paralizar el trabajo. La duda, por supuesto, es si los fiscales están en disposición de librar nuevas órdenes de captura y seguir adelante con los temas más fuertes de su trabajo o si esperarán a que ocurra uno de los dos escenarios posibles: que Karim Khan vuelva a su cargo en algún momento o que la Asamblea de Estados Parte decida cambiarlo. Ambas significan tiempo y eso para las víctimas se puede contar en vidas, violaciones graves y migraciones. Por eso la Corte no se debería dar el lujo de retrasar ningún proceso, aunque en la práctica sea imposible fingir normalidad y seguir como si nada, cuando se atraviesa una tormenta con mucha turbulencia.
Un precedente ético: investigar a un fiscal y proteger el debido proceso
Estamos ante un precedente ético que indica que nadie está por encima de la justicia. Es coherente porque la CPI se creó para juzgar a los poderosos que abusan de su poder. También porque la decisión de no tolerar abusos puede fortalecer su legitimidad. Y esto al final es un mensaje: cuando se procesa a un fiscal en funciones, el sistema se aplica a sí mismo.
El caso también es un llamado a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas institucionales, los protocolos de denuncias, la protección de los denunciantes, la prevención del acoso y la necesidad de investigaciones de calidad. De aquí saldrá un modelo a seguir.
Finalmente, no solo hay una centralidad en las víctimas, sino que además se protege y se fortalece el debido proceso. Que se investigue algo no implica culpabilidad automática de la persona señalada. El fiscal tiene derecho a defenderse. Por eso es importante que se garantice la verdad y también la reparación una vez se compruebe lo que haya ocurrido. Se lograría lo que queremos y pedimos en Venezuela y todas partes: justicia para las víctimas y garantías procesales para las personas acusadas. Ojalá ocurra sin retrasos.
Al cierre
Por su parte, el 19 de mayo, el panel de expertos independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentó su cuarto informe titulado “De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela”. El informe subraya “la desaparición forzada como política de Estado, la escalada sin precedentes de detenciones arbitrarias, que se haya ampliado el perfil de las víctimas con el objetivo de desarticular cualquier forma de organización social y las ejecuciones de manifestantes desarmados”.
Se trata de insumos adicionales que sirven para alimentar el caso Venezuela I ante la CPI. De hecho, el secretario general de la OEA instó a la CPI a que ordena la detención de Maduro. Elementos de convicción sobran y fiscales no faltan.