GOBIERNO Y OPINIÓN PÚBLICA

Isaías A. Márquez Díaz

Hemos observado cómo últimamente, el gobierno bolivariano (revolucionario) ha venido bloqueando, arbitrariamente,  y sin  motivo alguno, el derecho a la libre expresión y a la información consagrada en el TÍTULO III de los Derechos Civiles (artículos 57-58, CRBV).

Se trata como de una fobia social en torno a la crisis sociopolítica, que afecta, irrefutablemente, su estabilidad; es una actitud que se origina por exceso de serotonina por la angustia de una persona, tal y como la que  se halla ante un público al que debe responderle por su calidad de vida y/o bienestar social, sobre lo que debe responder el presidente de la República, sin apelar a burladeros, como por ejemplo, el bloqueo mediático, ya comprobado en medios afectos al régimen y hasta a cuerpos de seguridad (#dgcim).

 Reiteramos al ejecutivo  que opinión pública es la expresión del juicio colectivo, como resultado de una interacción psíquica.

Las buenas costumbres, los juicios de valor, la voluntad popular, los usos y costumbres, el sentido común (creatividad y/o ingenio y el buen sentido, entre otros, caben dentro del concepto de opinión pública.

 El 10/11/1817 Bolívar ante la instalación del Consejo de Estado en Angostura, cualificado como un hecho de alcance único porque se concede a Venezuela la calidad de un Estado en armas, el Libertador se refirió a la opinión pública,  como: “la primera de todas las fuerzas”.

A todos nos agrada e interesa un buen concepto que se forje sobre nuestra personalidad, pero decidir un bloqueo que abarque, invariablemente, el acceso a informaciones de vanguardia en el mundo  técnico y científico, no es actitud como para mejorar o acreditar conceptos personales relevantes, sino para reforzar  cualidades de mediocre forjadas mediante acciones grises.