La Constitución y las leyes le impiden a los Gobernadores subordinarse a la ANC, según experto
Diorella Albornoz
Los artículos 12, de la Ley de Elecciones y Remoción de Gobernadores, y 159 de la Constitución establecen, en primer lugar, que los órganos con competencia para juramentar a los gobernadores electos son los Consejos Legislativos, mientras la Carta Magna contempla que los entes regionales son soberanos, autónomos e iguales en lo político y obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la república por cuanto legalmente a los gobernadores les está impedido subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aseguró el experto en Derecho Constitucional Rubén Ortiz Córdova.
Además de ello, son internacionalmente conocidos los “válidos” argumentos que se han venido expresando en relación al carácter de “ilegitimidad de la ANC”, admitido tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, donde destaca entre otros organismos, la Unión Interparlamentaria Mundial, de la que forma parte Rusia, la cual solo reconoce como institución legislativa del país a la Asamblea Nacional, sostuvo Ortiz.
En relación a la presunta fuerza legal que le atribuyen vocero del Gobierno nacional y de la propia Constituyente al decreto recientemente emitido por la ANC, a través del cual se obliga a los gobernadores a prestar juramento ante esa entidad, indicó el experto que “la única fuerza que posee ese decreto es el de las vías de hecho, por ser un cuerpo normativo que emana de una asamblea que es espuria en su origen y que no es reconocida mundialmente”, reseñó una nota de prensa.
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Sobre la actuación del Presidente de la República de tratar de imponer la decisión que impide a los gobernadores de oposición asumir sus responsabilidades como mandatarios electos, indicó que se trata de la expresión y el ejercicio de las vías de hechos de irrespeto a la Constitución y a los procedimientos contemplados en ella para modificarla, generar un nuevo orden jurídico y redactar un nueva.
Al referirse al procedimiento de consultas con diversos sectores de la sociedad en cada estado, anunciado por los gobernadores, dijo que aún admitiendo que pueda estar ajustado a derecho, desde el punto de vista político coloca a la sociedad en una “situación circular”, pues consideró que se estaría sometiendo a la población a una consulta sobre la solución de una crisis, en momentos cuando ha crecido la desconfianza en el voto como solución y expresión de la voluntad popular, y el pueblo se encuentra desesperanzado; por lo que no le ve ningún sentido a esa propuesta, además agregó que las leyes son muy claras y precisas.
Sobre las implicaciones que podrían generarse de una aceptación de subordinación de las gobernaciones a la Constituyente, indicó que serían entre otras, seguirle el juego a un ente de carece de legitimidad y avalar todas las demás actuaciones igualmente ilegítimas de esa institución, entre las que pudieran incluirse las que afecten el normal desenvolvimiento y atribuciones de estas entidades regionales que son las gobernaciones.