¿POR QUÉ ESPAÑA LLEGA AL 2026 CON UNA GRAN INESTABILIDAD POLÍTICA?
El Estado español no está formado por una sola nación, sino por varias: Castilla (la antigua Corona de Castilla), Euskadi, Galicia y los Países Catalanes (la antigua Corona catalano-aragonesa, donde se habla catalán). Pero Castilla (con capital en Madrid) nunca ha querido que fuera un estado que beneficiara a todos, sino que ha concebido a las demás naciones como colonias conquistadas a las que expolia, como hizo en América, Guinea Ecuatorial, Sáhara Occidental y Filipinas. Para España, la identidad diferenciada de estas otras naciones no es una riqueza para el país sino que es vista como un peligro, por eso siempre las niega y las intenta disminuir. Pero como la antigua Corona Catalano-Aragonesa fue una de las grandes naciones del Mediterráneo, la voluntad de Cataluña de librarse de España y recuperar su soberanía siempre está presente a lo largo de la historia y seguirá hasta que lo consiga.
Por eso en 2017 Cataluña organizó un referéndum de autodeterminación y España no dudó en reprimirlo con 10.000 policías, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. Después el «estado profundo», a través de la judicatura, se encargó de la venganza contra los políticos catalanes. El Tribunal Supremo retorció la ley para condenarlos a cien años de cárcel, pese a que en el referéndum no hubo ningún tipo de violencia y se contemplaron todas las opciones, tanto la de marcharse de España como la de quedarse. Pero entonces, todo el espectro político (incluido el PSOE) lo vio bien porque se trataba de intentar destruir a los independentistas catalanes.
Cuando el gobierno derechas del PP cayó, lo sustituyó el PSOE de Sánchez que siguió con la política de negar todos los derechos a los independentistas catalanes. Pero entonces, una severa condena del Consejo de Europa obligó a Sánchez a indultar a los presos políticos catalanes para que salieran de la cárcel. Y, en la siguiente legislatura, el ansia de gobernar de Sánchez, por la aritmética parlamentaria, le obligaron a pactar con los independentistas catalanes, que le exigieron una ley de amnistía que situara el problema político en medio del debate, eliminara las inhabilitaciones de los políticos catalanes indultados e impidiera la entrada a prisión de activistas catalanistas. Los propios independentistas desconfiaban de una ley así porque, aunque era necesaria a nivel judicial, podía permitir que España pareciera conciliadora y pudiera esconder su verdadera alma represiva, y es que el PSOE siempre se había opuesto a una ley de amnistía y sólo la impulsó como recurso táctico, sabiendo que luego los jueces deberían interpretar la ley y que, por su perfil ultra españolista, la cosa no llegaría muy lejos. La amnistía evitó que entraran más activistas en prisión, pero ni quitó las inhabilitaciones de los políticos y menos permitió el debate sobre la autodeterminación.
Pero sólo por haber desactivado la venganza del Tribunal Supremo, el «estado profundo» no pudo digerir ese movimiento del PSOE y le expulsó del «consenso constitucional» que está pensado para impedir que sus naciones puedan separarse. Por eso, la policía, la judicatura y la prensa empezaron a perseguir judicialmente a Sánchez como enemigo de España, al igual que habían hecho con los independentistas catalanes.
La justicia española ha organizado una campaña de investigaciones prospectivas (ilegales) de la policía en busca de incriminar el entorno del presidente Sánchez en cualquier posible delito. Así, finalmente, han inculpado a la mujer y al hermano de Sánchez, están juzgando por corrupción a tres hombres de confianza de Sánchez (Ábalos, Cerdán y Koldo) y han destapado varios casos de acoso sexual de políticos del PSOE y, sobre todo un hecho inédito que nunca había sucedido: El Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General, a dos años de inhabilitación y multas por presuntamente haber filtrado a la prensa la estrategia de defensa de un acusado cercano al PP que demostraba que había cometido el delito. Pese a que filtrar información de esta índole a la prensa no es legal, en España existen filtraciones constantes a la prensa por parte de la justicia y nunca se han investigado. Además tampoco se ha podido probar que fuese el fiscal general quien lo hiciera. Y también es relevante que, pese a la lentitud habitual de la justicia española, este caso se juzgó a toda velocidad y, el 20 de noviembre (precisamente, el día del aniversario de muerte del dictador Franco), ¡los jueces mismos comunicaron la sentencia a la prensa antes que ni tan siquiera se hubiera empezado a redactar!
España está sufriendo una descomposición política que la sitúa en una pendiente sin frenos, con una justicia desbocada, que no es que dependa de los partidos políticos, sino que actúa con criterio político propio y va mucho más allá que los partidos. Y ese monstruo que se engendró atacando vascos y catalanes, ahora amenaza con devorar al PSOE, sin reticencia alguna a retorcer los hechos para utilizar la ley como arma política («lawfare») para acorralar el nuevo «enemigo de España», Pedro Sánchez.
Esta prisión de varias naciones dentro de España necesita de un entramado judicial, policial, de servicios secretos, político, económico y mediático que ejerza violencia para impedir cualquier replanteamiento del Estado y esto acaba corroyendo cualquier posibilidad de democracia en España. Sólo podria llegar a ser un país verdaderamente democrático cuando aceptara el derecho a la libertad de las naciones que la conforman, pero esto es un imposible porque contradecería la propia naturaleza con la que fue concebida España.
Posiblemente en 2026 caerá el gobierno del PSOE y volverá la extrema derecha del PP de la mano de la extrema derecha dura de VOX. Esta perspectiva aún reafirma más el anhelo de los catalanes de recuperar su soberanía y, la próxima vez que se desafíe a España, no deberemos esperar a que la UE bendiga la independencia de Cataluña, sino sostener la lucha no violenta hasta el final, hasta conseguir volver a ser un estado independiente.
Nombre: Jordi Oriola Folch
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País: Cataluña
