Una amnistía que puede ser peor
ALERTA VENEZUELA
El proyecto de ley de amnistía se ha convertido en la más exigente prueba de fuego para el régimen de facto tras imponer el terrorismo de Estado: definirá si su apuesta es por una apertura política real o por una mutación de la persecución en nombre de la reconciliación.
Lo que sucede hoy en Venezuela permite comprender que en mucho tiempo no había surgido un acontecimiento que fuera tan relevante para su futuro político, social, e incluso económico. Esto es así tanto por la decisión de amnistiar, como por el contexto social en que tiene lugar, caracterizado, entre otros elementos, por la reanudación de ciertas movilizaciones de calle, la aparición de excarcelaciones si bien a cuentagotas y la formulación de exigencias más directas al régimen. Su alcance impacta el destino de cientos de presos políticos y familias fracturadas, y de manera más amplia, las posibilidades de rencauzar democráticamente a Venezuela o de generar obstáculos adicionales para ese fin. No es exagerado plantear que a través de esta ley se juega la confianza nacional e internacional que merezca este régimen híbrido de dictadura tutelada.
El momento político en curso revela una pugna interna dirigida a establecer el relato y el sentido de lo ocurrido desde 1999 a la fecha. Por un lado, las fuerzas democráticas de la sociedad que bregan por una auténtica reconciliación nacional basada en la constitución y los derechos humanos, y por el otro, el gobierno de Delcy Rodríguez, que a la par de aparentar ciertas formas -como consultar a la sociedad civil y familiares de presos, a contrarreloj y muy limitadamente- está dando muestras consistentes de pretender dispensar un perdón administrado por ellos mismos. Es decir, con una mano favoreciendo a muchos perpetradores que no tendrán ni la necesidad de reconocer su crimen, y con la otra invirtiendo la relación víctima-victimario, al “perdonar” a los perseguidos políticos, cuando son ellos quienes merecen perdón, verdad, justicia y reparación del Estado.
Los hechos lamentablemente apuntan a que el régimen procura lo último. Intenta pasar la página en su beneficio y simular que ha realizado cambios frente a los Estados Unidos. Las evidencias están el contenido del proyecto de ley y las implicaciones políticas presentes y futuras. En cuanto al proyecto, la sociedad civil coincide en muchos aspectos críticos. A continuación se exponen algunos. En primer lugar, la exposición de motivos está enmarcada en un lenguaje criminalizante, usando términos como “extremismo”, propio del gobierno de facto que presupone la responsabilidad de la oposición, -no del Estado-, y el de “clemencia soberana”, el cual, en sentido similar, asume que el Estado debe perdonar a la parte responsable, pero en ningún caso pedir perdón. El problema es que se consideran como manifestaciones de extremismo situaciones que constituyen el ejercicio de derechos humanos (como manifestar, criticar a las autoridades o participar en la vida política).
El proyecto excluye arbitrariamente un gran universo de hechos amnistiables, al no abarcar los periodos de 2015, 2016, 2018, ni entre mayo de 2019 y junio de 2024; lo que afecta a un conjunto amplio de personas (artículo 6). Tampoco contempla una regulación en el procedimiento de ejecución, dejando por fuera garantías relevantes como la ausencia de mecanismos especiales (o ad hoc) para tramitar los sobreseimientos, diferentes de los mismos órganos de justicia señalados de violar derechos humanos; la habilitación de abogados o familiares para pedir el sobreseimiento, en tanto en principio solo el propio detenido o procesado podría hacerlo; la posibilidad de que el tribunal revise casos de oficio, e incluso la necesidad de plazos estrictos para decidir judicialmente las solicitudes.
Por otra parte, no existen previsiones en el proyecto de ley para atender los casos de personas fallecidas, perseguidas y que tuvieron que exiliarse, o con discapacidad. Las personas condenadas por razones políticas por homicidio y corrupción también estarían excluidas de la amnistía, ya que se les consideraría como responsables de esos delitos. A su vez, el proyecto compromete el derecho la verdad, al eliminar archivos de registros y antecedentes relacionados con las personas beneficiadas por la amnistía (artículo 11), afectando la obtención de pruebas en los delitos contra los derechos humanos. En resumen, la ambigüedad, las contradicciones y los vacíos con que se pretende aprobar una ley tan importante, allana el camino a la discrecionalidad, la revictimización y la corrupción.
Junto a los análisis legales, es importante destacar las implicaciones políticas de una iniciativa como la presentada. Procesos como el de la ley de amnistía hacen recordar que la causa estructural de la crisis política en Venezuela sigue intacta: la falta de reconocimiento a la disidencia. De esta situación deriva que las decisiones fundamentales, incluyendo las leyes, se tomen desde la opacidad, la imposición de agendas cerradas y la exclusión de amplios sectores sociales, lo que siempre resulta en instrumentos violatorios de derechos. Buscar “una convivencia democrática” violando los canales democráticos representa una contradicción de origen y condena al fracaso cualquier propuesta de cambio.
Tampoco es compatible con un espíritu de convivencia si los voceros del gobierno de facto amenazan con negar o revocar la amnistía, sugiriendo que la persona beneficiaria ha excedido ciertos límites. Iris Valera, diputada a la Asamblea Nacional y miembro de la comisión que prepara esta ley, declaró que “los beneficiados de la amnistía deben estar a derecho” -presentes ante la justicia-, y aconsejó que “los que hayan llamado a bombardear Venezuela (…) mejor permanecen afuera”. Jorge Arreaza, también diputado y encargado de la consulta del proyecto, señaló que quienes reciben la amnistía “deben actuar con espíritu de entendimiento”. Su mensaje fue emitido tras conocerse la detención de Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado pocas horas antes, y tras brindar declaraciones públicas, fue otra vez privado de libertad y sometido a arresto domiciliario bajo la excusa de que había violado las condiciones de su excarcelación, lo cual es materialmente imposible, como aquí se argumenta. Su caso desnuda el chantaje detrás de la ley de amnistía: un “perdón” condicionado al silencio, al sometimiento, a dejar de hacer política, a abandonar cualquier conducta que moleste al poder. Se suma el caso de Perkins Rocha, quien posee un deshumanizante grillete electrónico en su tobillo, así como Juan Pablo, de modo que la vocación de control y sometimiento político no ha disminuido en este contexto.
Es evidente que el gobierno de facto cumple con ciertas medidas porque está presionado a hacerlo, pero trata de conceder el mínimo posible, a fin de no perder su posición autoritaria. Por consiguiente, de aprobarse la amnistía, criticar a la autoridad, protestar, asociarse para defender derechos, participar políticamente, o hasta cuidar votos, seguirán siendo conductas criminalizadas. Las leyes y estructuras represivas no han sido desmanteladas y eso ocurre porque la voluntad del régimen de reconocer a la disidencia y abrirse a una transición democrática es inexistente. ¿Qué pasará con todas las víctimas de la ley contra el odio, la ley contra el financiamiento al terrorismo, de la lista Tascón, de las operaciones armadas donde fueron perjudicados en mayor medida personas militares, o con las víctimas refugiadas o solicitantes de asilo que no pueden ni acercarse a un consulado por el riesgo de ser perseguidas afuera, o sus familias en Venezuela? Son apenas algunos ejemplos. Esa violencia institucional no es reconocida dentro del proyecto. En ninguna parte del texto, ni en el discurso, el Estado admite sus crímenes. Se los imputa todos a la sociedad.
La cuestión de la amnistía debe enviar un mensaje de alerta a la comunidad internacional. El gobierno de Delcy Rodríguez no está abriéndose a una transición democrática, sino que intenta reacomodarse estratégicamente en el poder. Como expresamos antes, usa una maniobra gatopardiana, al simular la transformación del sistema de represión existente con el andamiaje de la reconciliación y la paz. Pero en lo sustantivo no hay ningún avance. Una ley de amnistía, así como viene, puede significar un espaldarazo a los crímenes y la violencia política del país, si por sus carencias y contradicciones normativas, o por su implementación sesgada y excluyente, perjudica a las víctimas. Debe evitarse más daño.