Una transición tutelada por una potencia extranjera no conduce a democracia

Foto EFE / Photo EFE

TOMADO DESDE: ALERTA VENEZUELA

En el análisis que publicamos el mismo 3 de enero, calificamos la situación de Venezuela como una transición tutelada. Con el paso de las horas, han surgido nuevos elementos que obligan a un análisis más detallado, a partir de algunos intentos de interpretación de las razones por las que Trump dijo lo que dijo en la rueda de prensa de ese día y las consecuencias de sus afirmaciones para una transición hacia la democracia.

Trump dejó por fuera a la líder de la oposición, María Corina Machado, alegando que “es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto de su país para gobernar”. Ante una afirmación tan categórica como ofensiva, hay quienes han pretendido justificar el desplante de Trump a Machado con diferentes argumentos.

Un argumento es que Trump está protegiendo a Machado para otro momento, porque ahora le resultaría imposible gobernar esta Venezuela. Siguiendo este razonamiento, cabe preguntarse si habría podido gobernar (con González Urrutia, ganador de la elección) la Venezuela del 10 de enero de 2025. La Venezuela de hace un año no es muy diferente a la de hoy, en cuanto a fidelidades de la Fuerza Armada, tipo de actividad de los colectivos y de los grupos armados procedentes de Colombia, y control del partido de gobierno sobre el Estado, por lo que la intención protectora de Trump no parece tener mucho fundamento.

Según otra interpretación, no era conveniente que Machado asumiera el poder de una vez, porque habría sido percibida como una títere del imperio. En el terreno de las percepciones, ya hay fuertes cuestionamientos a su relación con Trump y con otros aliados con una cuestionable trayectoria desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. El mundo se dividió cuando el comité del Nobel anunció que le otorgaba el premio de la Paz en octubre de 2025, no el pasado 3 de enero.

Una tercera narrativa ha insistido en que todas las transiciones se han hecho con el que va de salida y se han puesto como ejemplos los casos de Chile con Augusto Pinochet y de España con Adolfo Suárez, lo que nos lleva al interrogante principal de este análisis ¿estamos ante una transición a la democracia?

Hasta ahora, el escenario en el que se encuentra Venezuela parece ser el de una transición tutelada, impuesta por una potencia extranjera, en la que la oposición fue dejada por fuera y se pactó con la primera en la línea de sucesión de Maduro. Esto no se parece en nada a lo que sucedió con Pinochet o con Suárez. Pinochet convocó un plebiscito que perdió y pretendió desconocer, pero el resto de la junta militar no lo acompañó y se vio obligado a entregar el poder, conservando algunas importantes prerrogativas, pero por un período definido de ocho años, con un camino definido hacia el abandono del poder y el inicio de la recuperación de la democracia. Suárez, por su parte, fue un franquista designado por el rey Juan Carlos para conducir al país por una transición en la que legalizó a todos los partidos políticos incluyendo el partido comunista y llevó a España hacia un Estado social y democrático de derecho.

Situaciones similares se vivieron en Suráfrica, Perú y Argentina. Aunque cada caso es distinto, todos tienen características comunes: no fueron transiciones impuestas por una potencia extranjeras, no se pactaron en ausencia de la oposición y de la sociedad civil y tuvieron como norte la recuperación de la democracia y del Estado de derecho, sobre la base de una institucionalidad medianamente sesgada, pero existente y en todos los casos, salvo España, hubo algún modelo de justicia transicional, comisiones de la verdad y reivindicación de los derechos de las víctimas.

Afganistán e Irak, en cambio, son transiciones impuestas por una potencia extranjera, pactadas sin participación de la oposición, en contextos de escasa institucionalidad. Tras la caída de los Talibanes en 2001, potencias extranjeras diseñaron el nuevo Estado con 25 notables afganos con perfiles de caudillos regionales, excluyendo a amplios sectores de la oposición y con una institucionalidad casi inexistente. En Irak, después de la invasión liderada por EE. UU., se creó la Autoridad Provisional de la Coalición con presencia de la potencia invasora y representantes del anterior régimen que accedieron a cooperar. La oposición local y los movimientos de base no fueron incluidos.

En los casos en los que la transición se acordó desde adentro y sin intervención extranjera, hoy hay un sistema democrático que puede ser imperfecto, pero responde a los criterios elementales de separación de poderes, estado de derecho y alternabilidad. No se puede decir lo mismo de la situación en Afganistán e Irak, donde el retiro del invasor condujo a una nueva ola de caos, lo que parece desvirtuar la tesis de que Machado fue protegida para no quedar atrapada en una situación de caos, cuando el caos se ha producido en las transiciones con participación de potencias extranjeras y donde la oposición es excluida. Además de una nueva etapa de caos, en estos experimentos hubo transición, no hacia la democracia y, por tanto, estuvo también ausente la justicia transicional para reivindicar a las víctimas

Voceros de EE.UU. han afirmado que no se puede comparar Venezuela con Afganistán o Irak, porque Venezuela no tiene fracciones étnicas ni religiosas. Esta tesis ha sido repetida por algunos analistas venezolanos. Si bien es cierto que en Venezuela no existen estos factores, el fraccionamiento no es el único elemento por considerar. La cohesión se rompió en Venezuela tras décadas de sembrar desconfianza. El fraccionamiento era la base del Apartheid en Suráfrica y, aun así, se logró una transición con cohesión y con rasgos indudablemente democráticos.

Es un hecho que Machado fue excluida, porque a Trump no le interesa una transición hacia la democracia o la reconstrucción del estado de derecho (palabras siempre ausentes en sus referencias a Venezuela), y en política los silencios son determinantes en tanto marcan el distanciamiento con respecto a lo no reconocido. Al Presidente de EE.UU. le importa, fundamentalmente, un nuevo orden con base en la Doctrina Monroe. Nacida para la defensa hemisférica ante el colonialismo europeo, esta doctrina con el tiempo mutó hasta impulsar el posicionamiento hegemónico de Estados Unidos sobre las Américas, dando lugar a la justificación de distintos tipos de intervencionismo en los países cuyas relaciones o asuntos internos afectasen sus intereses estratégicos.  Hoy la doctrina Monroe es, en términos reales, ni siquiera lo que implique los intereses de Estados Unidos, sino los intereses personales de Donald Trump, quien se caracteriza por actuar unilateralmente y por fuera de cualquier marco institucional nacional o internacional. En efecto, Trump no sólo se mueve de espaldas al Derecho Internacional y el multilateralismo, sino de los contrapesos de su propio país.  

Aplicada al caso venezolano, esta doctrina significa que cualquier acción política en Venezuela deberá pasar el filtro de alinearse con el interés “estadounidense” primero; de nuevo, de su presidente. Basta decir que cualquier arreglo autoritario del poder puede perfectamente cumplir con ciertos intereses. Así que una transición hacia la democracia en Venezuela sólo será posible en la medida en que Trump considere que es valioso para sus objetivos. Hoy en día, cuando todavía no reconoce a Edmundo González como presidente y no avizora la palabra democracia en sus alocuciones, es evidente que esta cuestión está lejos de moverle alguna fibra. Si las autoridades del 28 de julio no son respaldadas y se desarrolla el tutelaje con el gobierno de facto, lo que se pacte en Venezuela no puede sino dar lugar a un agravamiento de la crisis existente.

A esta fecha y con los elementos que conocemos, la transición tutelada por una potencia extranjera en Venezuela se parece mucho a las transiciones de Afganistán e Irak y muy poco a las de Chile, España, Perú o Suráfrica. El tema Venezuela tiene sus propios rasgos que lo convierten en un caso inédito, pero la comparación es necesaria para encender las alarmas sobre los elementos comunes que se ciernen como amenaza y pueden acercar el escenario político nacional más hacia el de esos países, que al de una transición democrática.

Es por ello que el llamado a la comunidad internacional es al rescate urgente del multilateralismo, en la búsqueda de una solución negociada con participación de la oposición, que apunte verdaderamente a una transición a la democracia, y con inclusión de la sociedad civil para asegurar que las víctimas de los crímenes de Maduro no queden sin justicia. Aunque Estados Unidos no es responsable, en las circunstancias actuales, de lo que haga el régimen de facto contra su población, se ha involucrado con tal intensidad en el conflicto que, de desarrollar el tutelaje, pueden surgir responsabilidades exigibles en ese ámbito; es decir, por el comportamiento que lleve adelante el régimen de facto.

Etiquetados democracia, estado de derecho, transición, Trump, Venezuela