El fiscal venezolano sigue cometiendo crímenes frente al fiscal de la CPI

Eduardo Torres. Imagen de domino público

ALERTA VENEZUELA

La persecución política en Venezuela no es esporádica ni responde a ciertas coyunturas. Es sistemática, con intervalos de menor o mayor intensidad según los intereses del gobierno, pero con un alcance indiscriminado contra la disidencia y secuelas cada vez más severas que se alimentan del daño acumulado por la represión sostenida. Aunque sea frecuente, es imposible normalizar esta política de Estado, no sólo por la resistencia ejemplar de la sociedad civil frente a los embates, sino porque la sistematicidad del crimen revela progresivamente daños físicos y sociales tan profundos como difíciles de ignorar.

El gobierno de Maduro ha reactivado su maquinaria de represión dura en vísperas de las elecciones regionales del 25 de mayo. En su balance sobre presos políticos hasta el 5 de mayo, el Foro Penal documenta 894 detenidos, incluyendo a 5 adolescentes, y 9000 personas sometidas a medidas arbitrarias restrictivas de su libertad, tales como prohibición de salida del país o presentación periódica a tribunales.  Como lo señaló apenas hace dos meses la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, se mantiene una línea de represión sin precedentes desde las elecciones presidenciales de 2024 con el objetivo de consolidar el régimen de facto, acallando las voces críticas de la sociedad civil.

El manto de impunidad que prevalece sobre los crímenes ha dado lugar al incremento de la arbitrariedad contra defensores y organizaciones de derechos humanos. El 13 de mayo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos se pronunció a través de su portavoz señalando que “la detención y desaparición forzada de críticos del gobierno venezolano continúa alimentando un clima de miedo”. El Alto Comisionado aludió al caso de Eduardo Torres, abogado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), arrestado por agentes estatales desde el 9 de abril, y a más de 90 horas, ninguna autoridad ha señalado su paradero, ofrecido garantías sobre su estado físico, ni le ha permitido acceso a su defensa, por lo que está sometido a desaparición forzada.

Horas después del pronunciamiento del Alto Comisionado y de las persistentes denuncias del equipo de Provea y familiares, incluyendo una rueda de prensa en la cual el Coordinador General de Provea junto a colegas de diversos sectores sociales exigieron el respeto a los derechos de Eduardo, el fiscal general Tarek William Saab confirmó su detención, manifestando que está “vinculado con una trama para generar violencia en las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo (…)” y que “se le decretó privativa de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación”. Según el fiscal, Eduardo “usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de centros electorales y propagando mensajes de odio (…)”.

Fiel a su accionar criminal, el fiscal no sólo adelantó opinión acusando al defensor infundadamente, en violación a su presunción de inocencia y garantías mínimas de defensa, sino que, al reconocer la detención, no informó su paradero, ni ofreció palabra alguna sobre su estado físico y de salud actuales. Es decir, el fiscal ratifica, como en caso anteriores, su papel como agente represor de los derechos humanos y la legalidad internacional, ejecutando acciones para impedir su libertad personal y debido proceso ante tribunales.

Pero el fiscal general no agotó sus declaraciones allí. Enseguida descalificó al Coordinador General de Provea, Oscar Morillo, advirtiendo que sus “acusaciones son temerarias” por denunciar la desaparición forzada de su compañero. Saab agregó que “se encuentra evaluando desde el punto de vista jurídico si se procede a accionar en respeto a la legalidad interna de Venezuela”, en un intento de represalia dirigido a disuadir el trabajo de Provea y las organizaciones de derechos humanos. Es inaceptable que las primeras declaraciones de las autoridades responsables de dar información sobre el estado de Eduardo se utilicen para estigmatizar la defensa de derechos humanos y criminalizar a quienes no convalidan la arbitrariedad como norma. El fiscal Saab es plena prueba de la absoluta indisposición del sistema de justicia para investigar y castigar los crímenes del Estado, porque a fin de cuentas de esos delitos él mismo participa como pieza clave, junto a los agentes del gobierno, en aras de desmantelar el espacio cívico y democrático que resta en el país.

Es importante destacar que las autoridades, en el contexto de la vigente ley anti-ong, han elevado las campañas de estigmatización y amenazas de criminalización a defensores por denunciar violaciones de derechos humanos, y en el caso de Oscar Murillo de Provea, hay antecedentes recientes. El 19 de noviembre de 2024 fue citado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) luego de haber solicitado una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Edwin Santos, cofundador del partido de oposición Voluntad Popular. En ese momento Diosdado Cabello ordenó su citación en medio de actos de hostigamiento y persecución contra defensores, incluyendo contra miembros de Provea, quienes en su totalidad cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro caso dramático es el de Ariadna Pinto, joven de 20 años, detenida y acusada de terrorismo e incitación al odio en el contexto de la represión postelectoral en agosto de 2024, en el estado Cojedes, quien falleció el 10 de mayo en el Hospital de San Carlos, tras registrar complicaciones de salud asociadas a la diabetes tipo I e insuficiencia renal. Su condición de salud se agravó notablemente en prisión. Las organizaciones pidieron esclarecer las condiciones que rodearon su detención, incluyendo su tratamiento médico.  El caso de Ariadna recuerda que las muertes en custodia siguen reproduciéndose. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos identificó al 13 de mayo tres casos de personas críticas al gobierno fallecidas en prisión desde julio de 2024. Uno de ellos ocurrió el 3 de mayo, 1 semana antes de Ariadna, Lindomar Amaro Bustamante, quien se quitó la vida en la cárcel de Tocorón luego de denunciar maltratos.  Este caso habla de las condiciones inhumanas de las prisiones, y sobre todo, de lo que ha desatado la represión postelectoral.

Es evidente que nuevos crímenes de lesa humanidad tienen lugar mientras permanece abierta una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Venezuela; es decir, mientras que el Fiscal Karin Khan sigue alegando la complementariedad positiva para mantener una pasividad absoluta frente al accionar del gobierno. Los crímenes de lesa humanidad de persecución, encarcelamiento, torturas y ejecuciones aumentan y ocurren de frente al Fiscal Khan. Reiteramos nuestra exigencia de que cumpla con su rol y proceda de inmediato a abrir un caso emitiendo las órdenes de arresto contra los altos mandos involucrados.  Basta de doble vara con el caso venezolano. Demasiadas tragedias que no pueden responderse con el silencio y la indiferencia. Su responsabilidad está en juego.

Etiquetados CPI, crímenes de lesa humanidad, defensores, democracia, derechos humanos, desapariciones, espacio cívico, OACNUDH