El TSJ confirmó 30 años por sicariato de gerente de Pdvsa
La víctima murió dos días después de ser abaleado
Abdool Kamaludeen Ally Suárez contrató a dos matones
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La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimó un recurso el cual buscaba anular la condena de 30 años de prisión impuesta al comerciante Abdool Kamaludeen Ally Suárez, por planificar el asesinato de Leomar José Gil Celis (37), quien se desempeñaba como gerente de Pdvsa Gas Comunal en el estado Guárico.
Este hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2019 en San Juan de los Morros (Guárico), específicamente en el callejón El Campito, donde residía Gil Celis. Ese día fue interceptado por el funcionario de Poliguárico César Andrés Martínez Rodríguez (“El Macizo”), quien le disparó en cuatro ocasiones y huyó.
El gerente fue trasladado por sus familiares al hospital de la capital guariqueña y luego a una clínica donde murió dos días después, el 4 de septiembre.
Las investigaciones del Cicpc arrojaron que Abdool Kamaludeen, contrató a Freddy Tiapa y José Manuel Papanicolau (“Cara e’ Caballo”) para que ejcutaran a Gil Celis, debido a que este restringió la venta de gas a las empresas privadas, porque estas abultaban los precios de las bombonas. Abdool era dueño de una de esas empresas identificada como Morro Gas.
Para ejecutar el asesinato de Gil Celis, Tiapa y “Cara e’ Caballo” contratan a su vez al funcionario de Poliguárico apodado “El Macizo”. Al día siguiente del homicidio, el papá de Abdool Kamaludeen, identificado como Abdool Kamaludeen Ally Suárez (“El Guyanés”) hace el pago de 600 dólares por el acto criminal ya ejecutado. Ese sujeto también fue condenado a 30 años de prisión. Y posteriormente su hijo Abdool Kamaludeen fue imputado por sicariato y asociación para delinquir, delitos por los cuales fue hallado culpable y condenado, según sentencia del Tribunal 2 de Juicio de Guárico, extensión San Juan de los Morros, emitida el 31 de octubre de 2023.
El 12 de marzo pasado la Sala Accidental 153 de la Corte de Apelaciones de Guárico confirmó la condena de 30 años impuesta a Abdool Kamaludeen. Por esa razón, la defensora pública Elsa Singh Barbosa, apeló tal decisión mediante un recurso de casación que ingresó a la Sala Penal el 12 de septiembre pasado. La funcionaria pública alega que el tribunal de juicio no debió valorar la declaración de la esposa del gerente asesinado así como la de otros por tratarse de “testigos referenciales” que no observaron el momento del asesinato.
Los magistrados le recordaron a la defensora pública que la Sala Penal no puede evaluar (en esta etapa) lo que ocurrió en el juicio; por ello desestimaron el recurso y dejaron incólume la condena de 30 años.