Balas siguen matando a cuatro años de la Ley Desarme

El 19 de octubre, Dional Alexander Urbina Saumell, de 19 años de edad, salió de El Junquito para asistir a una fiesta en el barrio El 70, luego de varios días ajetreados en su trabajo como «caletero» del Mercado Mayorista de Coche. El joven, que aspiraba independizarse con su empleo, no sabía que esa noche moriría tras recibir tres disparos en el pecho. Hecho que fue reportado por El Nacional Web.

Tres días después, Rixiover Arnoldo Pirela Paredes (30 años), trabajador de una central azucarera en el estado Zulia, se encontraba frente a su casa después de realizar la jornada que le permitía sustentar a su familia. Ya se notaban los cambios en el cielo, la noche había llegado y con ella dos antisociales, quienes se trasladaban en una moto y, tras pararse frente a él, le propinaron al menos dos impactos de bala. Su madre, que lo acompañaba, resultó gravemente herida. Diarios de la entidad difundieron lo ocurrido.

Ambos casos pasaron a engrosar la lista de los más de 28.000 asesinados por armas de fuego, entre 2016 y 2017.

El régimen de Nicolás Maduro promulgó, en junio de 2013, la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, que tiene como objeto normar, regular e incautar la posesión o fabricación de armas cortas, rifles, explosivos y armas blancas de cualquier persona natural o jurídica sin un porte especial (que solo se otorga a funcionarios en ejercicio).

Tras establecer esta base legal, no se ha garantizado una reducción en las tasas delictivas por medio de la incautación del armamento ilegal en el país, según indicaron diversos criminólogos venezolanos.

Foto: Raúl Romero

Relación armas-asesinatos

Durante lo que va de 2017, 86,6% de los asesinatos en Venezuela se produjeron por armas de fuego. “Casi 100% de los homicidios que se ven reflejados en las estadísticas y páginas de sucesos de prensa son cometidos con armas ilegales”, añadió el criminólogo venezolano, Javier Gorriño.

En 2016 se contabilizaron 28.470 asesinatos en el territorio nacional, de los cuales 23.000 se cometieron con armamento ilegal, de acuerdo con el criminólogo.

Gorriño aseguró que los individuos que poseen armas ilegales no tienen ningún interés en legalizarlas, porque regularmente son destinadas a cometer actos delictivos.

Vecinos en el Chorrito (Caracas) ayudan a subir a la furgoneta el cuerpo de un hombre asesinado por un arma de fuego / Foto: Alexandra Blanco

Cifras oficialistas 

El criminólogo Luis Izquiel dijo que en 2006 el embajador Jesse Chacón, en gestión de ministro de Interior y Justicia, reportó que en Venezuela existían cerca de 6 millones de armas de fuego ilegales.

Juan José Mendoza en 2009, en el cargo de presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, reiteró que el número de armas ilegales rondaba entre 9 y 15 millones. Ese mismo año, criminólogos como Luis Izquiel contabilizaron que 79,49% de los asesinatos fueron perpetrados con armas de fuego.

Estas cifras indican que en tan solo 3 años -de 2006 a 2009- hubo un aumento de entre 4 y 9 millones de armas ilegales en el país.

“En 2012 Pedro Pablo Fernández, ex secretario de la Comisión Presidencial para el Desarme, señaló que en Venezuela circulaban solo 1.2 millones de armas cortas, que comprenden solo los revólveres y las pistolas”, declaró Izquiel.

De acuerdo con la cifra oficial citada por Izquiel, desde 2009 a 2012 el Estado habría logrado reducir a 1.2 millones la cantidad de armamento ilegal en el país. “Como puede observarse hay muy poca seriedad en el manejo oficial de este tema”, acotó el criminólogo.

La Ley Desarme desde su promulgación solo ha completado la confiscación y destrucción de 406.534 armas de fuego según cifras ofrecidas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en agosto de 2016.

La cantidad anunciada por Reverol no representa ni 35% del total de las armas que circularían en el país, de acuerdo con la última cifra emitida por el gobierno nacional en 2012.

Origen de armas destruidas

Javier Gorriño, ex funcionario del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, explicó el origen de las armas destruidas a la fecha.

“La mayor parte de las armas destruidas -armas viejas, dañadas o que estaban abandonadas en las casas y se convirtieron en un estorbo- han sido entregadas de forma voluntaria. Otra muy pequeña parte, sí proviene de procedimientos policiales en los que se incautó el armamento a bandas criminales”, afirmó.

Gorriño señaló, en una entrevista a El Nacional Web, que la Ley también funciona como una estrategia política de control social, para desarmar al civil y que la mayor parte de las armas estén bajo la autoridad de funcionarios.

“Este tipo de procesos funciona en países desarrollados o naciones que hayan sufrido guerras en las últimas décadas, entonces las armas se vuelven un estorbo (…) En Venezuela, al contrario, incrementa su contrabando”, agregó el criminólogo.

Los datos obtenidos, a pesar de la desinformación y la falta de cifras comprobables, indican que la Ley Desarme no ha cumplido con las expectativas planteadas por los entes oficialistas del gobierno del presidente Nicolás Maduro.