Enero 2026: 7.9 millones de personas en Venezuela necesitan apoyo humanitario urgente
Foto Revista SIC
La emergencia humanitaria en Venezuela continua. Con más de una década de duración, todavía hoy no se puede anticipar el desmontaje de la arquitectura humanitaria en este país para dar paso al fortalecimiento del nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo; así pues, en enero del 2026 la crisis venezolana se agudizó, dejando a la población aún más expuesta tanto en sus vulnerabilidades como a graves riesgos. Hace sólo dos semanas, Tom Fletcher secretario general adjunto de Naciones Unidas hizo un llamado a través de sus redes sociales indicando que 7.9 millones de personas en Venezuela necesitan apoyo humanitario urgente.
Pero la realidad es que la ONU enfrenta un grave recorte en sus finanzas y ha puesto en marcha, a nivel global, el reseteo humanitario, que es un conjunto de principios que definen la reducción de su estructura y servicios humanitarios. Venezuela no escapa de esta situación, el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) 2025 se propuso brindar asistencia a 5.1 millones de personas dentro de Venezuela, con un requerimiento financiero de 606 millones de dólares; sin embargo, sólo logró recabar 102 millones de dólares, el 17% de los fondos estimados, brindando asistencia a 2 millones de personas, lo que significa el 39% de la meta; con estos datos técnicos y considerando que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) no realizó el HRP para el año 2026, los cálculos indican que, para brindar asistencia humanitaria en Venezuela a las 5.9 millones de personas que faltan para completar la cifra indicada por el señor Tom Fletcher, se requieren 701.6 millones de dólares. Países como Alemania ($ 10.8 M), Canadá ($ 9.2 M) y la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) ($ 7.3 M), han hecho importantes inversiones en el Fondo Humanitario de Venezuela (VHF) en sectores priorizados como seguridad alimentaria y medios de vida (SAMV), agua, saneamiento e higiene (ASH) y protección, pero el financiamiento logrado sigue siendo insuficiente.
En este punto es necesario atender a dos aspectos claves de la asistencia humanitaria: financiamiento y coordinación. En cuanto a los fondos para la asistencia humanitaria, recientemente ECHO presentó su Plan de Implementación de Ayuda Humanitaria (HIP) 2026, en donde prioriza el financiamiento de sectores como protección, salud (servicios de emergencia y salud sexual y reproductiva), nutrición y educación en emergencias; sin embargo, otros como SAMV o ASH aparecen como sectores de apoyo que serán transversales a los ya mencionados como priorizados, restando fuerza al financiamiento de estos sectores (ASH y SAMV) que guardan una relación directa en la prevención y tratamiento de las enfermedades diarreicas y la desnutrición; por lo que, no cabe duda que financiamiento y coordinación deben ir de la mano.
En el ámbito de la SAMV y el ASH, el financiamiento de actividades que incluyan la asistencia en efectivo y cupones siguen sin ser una alternativa dentro de Venezuela, aun cuando en el actual contexto estas pueden ser estrategias válidas y viables; es decir, en este momento resulta significativo apostar al aumento y a la diversificación de las actividades de SAMV y de ASH, tanto para que sean apoyo de otros sectores como protección, salud o educación en emergencia, como para que sean implementadas de manera autónoma. La mayoría de la asistencia humanitaria en Venezuela tiene una marcada incidencia en los hogares con la potabilización del agua, el aseo de la vivienda y el manejo apropiado de los desechos sólidos son estrategias urgentes en la prevención de enfermedades o la desnutrición.
En cuanto a la coordinación en la asistencia humanitaria, sigue siendo un reto para la ONU el empoderamiento a los actores locales y nacionales para liderar la respuesta en Venezuela. Se requiere una mayor apuesta desde Bruselas o Nueva York al principio de localización como nuevo paradigma en la cooperación internacional humanitaria.
Ahora bien, de manera sobrevenida surge el escenario en el cual el acuerdo entre Venezuela y EE.UU. para la venta de petróleo permite el aumento de los ingresos provenientes de esta actividad, los cuales, por cierto, están siendo tutelados por los EE.UU., constituyendo una oportunidad valiosa para reflotar la asistencia humanitaria en Venezuela. El impulso de los centros de coordinación en terreno que lleva adelante OCHA en los que participan actores de gobierno local, son buenas practicas que pueden asegurar un manejo controlado de los fondos, en el supuesto que el Gobierno de EE.UU. autorice que un porcentaje del dinero procedente del negocio petrolero se destine a la asistencia humanitaria o a mejorar algún servicio público. En todo caso, lo que se acuerde debe ser público, consensuado y contemplar mecanismos de control sobre el uso del dinero y de transparencia.
Es necesario insistir en que reflotar la asistencia humanitaria en Venezuela no es sólo un tema de financiamiento sino también de coordinación entre las agencias de la ONU y los actores locales responsables.
Poder asistir a las personas en sus necesidades y salvar más vidas en Venezuela está directamente relacionado con un mayor y oportuno financiamiento humanitario, una adecuada coordinación entre las agencias de ONU con el entramado de organizaciones humanitarias nacionales y locales, así como, con el hecho de que exista por parte de las autoridades del país una mayor cooperación que asegure un entorno operativo adecuado para los actores humanitarios, y para esto, se requiere desmontar la estructura coercitiva y de asedio a las ONGs que está soportada en leyes como la ley anti-sociedad o la ley que impone el aporte del 9% de protección a las pensiones sin que esto se vea reflejado en bienestar para las personas.
En la actual coyuntura que vive Venezuela, los países que realizan contribuciones para la asistencia humanitaria deben hacer sentir su voz para:
(a) asegurar el uso más eficiente de los recursos, para lo cual es necesario que se asuma el principio de localización en la gestión humanitaria en el país;
(b) exigir un manejo transparente y con la debida rendición de cuentas de los recursos provenientes del nuevo marco de operación de la actividad petrolera; y
(c) incentivar un enfoque colaborativo entre las agencias de la ONU y los actores locales responsables de la asistencia humanitaria.
Etiquetados Emergencia humanitaria, ingresos petroleros, rendición de cuentas, transparencia