Familiares de Caguaripano relataron lo que han sido estos 40 días tras su “desaparición forzosa”
Joseika Portillo
“El no saber en dónde está, o sí se encuentra con vida realmente ha sido una tortura psicológica a todo el grupo familiar”, así expresó este martes Irene Olazo de Caguaripano, esposa de Juan Caguaripano, al cumplirse 40 días de la detención por parte de Polisucre.
“Sus padres están desesperados por no saber en dónde está su hijo, si se encuentra con vida o si se encuentra en buen estado de salud. Pese a los rumores que han corrido con respecto a las torturas a las que ha sido sometido no hay nadie que no pueda verificar si esa información es cierta o falsa porque no hay autoridad alguna, de ningún organismo policial, que nos de respuesta con respecto al paradero de mi esposo”, dijo en entrevista exclusiva a Caraota Digital.
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Destacó que ante la situación, asisten diariamente a las sedes del Sebin, ubicadas en El Helicoide y Plaza Venezuela, porque fue ese el centro de reclusión que asignó el tribunal militar para su esposo, pero la respuesta que reciben por parte de los funcionarios es que él no está allí.
Han introducido recursos en la Defensoria del Pueblo y han asistido al Ministerio Público, pero no han obtenido ningún tipo de respuestas. En este último aseguró que se tenía que asignar un fiscal de derechos fundamentales, “ya que estos han sido violados desde la detención de su esposo”.
Explicó que los últimos días han sido difíciles judicialmente porque el tribunal que lleva el caso de su esposo, el tercero de control del circuito militar en Distrito Capital, estaba en receso judicial y es este martes cuando se reincorporan nuevamente. “Hoy el abogado tratará de moverse más”.
“Es tan grave la situación de mi esposo que ni siquiera se ha podido revocar la defensa pública porque el tribunal exige que tiene que ser directamente él quien lo haga y mientras que él permanezca desaparecido no puedo asignar a su defensa privada a pesar de que hay unos artículos de la Ley Procesal Penal que dice que los familiares pueden asignar a la defensa privada”, expresó.
En este sentido señaló que asistió al tribunal segundo de control de Macuto en el estado Vargas, y que la juez no quiso aceptarle el oficio para poder revocar la defensa pública de su esposo.
Manifestó que ha realizado solicitudes directamente al defensor del pueblo, Tarek William Saab, ya que por su cargo “tiene que ser el garante de de los derechos humanos, peor no ha recibido respuestas alguna”.
Contó que la situación más difícil que les ha tocado vivir como familia es la“desesperación de no saber en qué condiciones de salud se encuentra porque la última fotografía que vieron de su esposo, que fue la publicada en la reseña policial, ya se veía torturado y que estaba fisicamente agredido y sin saber qué pudo haber pasado los días siguientes”.
“Si el Estado considera que mi esposo cometió un delito no tienen porque violarle sus derechos humanos (…) Mi suegra a estado muy mal, le dan unas crisis muy grandes. Mi suegro vive en el interior y tiene que estar viajando todas las semanas con la dificultad que hay para conseguir el transporte y tener que irse deprimido por a sabiendas de que no encuentra a su hijo”, declaró.
Resaltó que su abogado – Alonso Media Roa – asistió a la Corte Internacional de Derechos Humanos y a reuniones con parlamentarios europeos y de la Organización de los Estados Americanos “tratando de elevar el caso de la desaparición forzosa y la violación de los derechos humanos de su esposo”.
Recordó al Gobierno nacional que la desaparición forzosa es un delito de lesa humanidad ese tipo de delitos no prescriben y serán juzgado en cualquier parte del mundo. “Todos aquellos que son cómplices de la desaparición y tortura tanto de mi esposo como de mi familia, bien sea física o psicologica, van a tener que pagar por este delito“, aseveró.
Ratificó que cuando el expresidente Hugo Chávez Frías realizó el golpe de Estado, en el que fallecieron centenares de civiles nunca fueron violados sus derechos humanos, porque se le permitió la visita, el derecho a tener su defensa privada. “No entiendo cómo este Gobierno se llena la boca diciendo que no viola los derechos humanos sea capaz de desaparecer a un ser humano por 40 días”.
Ayuda de la Unidad Democrática
Detalló que los integrantes de la Mesa de Unidad Democrática han mantenido un“silencio total”. Sin embargo, dijo que se reunió con el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, quien les aseguró que los iba a ayudar como familia.
“Nosotros tuvimos una reunión en privado con él, en la que los funcionarios policiales lo que hicieron fue darnos simplemente su versión y hasta el sol de hoy sigo esperando que el alcalde sea un intermediario y me ayude como ente corresponsable de lo que le está pasando a mi esposo porque quien inició el procedimiento fue Polisucre”, expresó.
Por otra parte, puntualizó que no ha habido manifestación la diputada María Corina machado se puso a disposición, en un programa de radio, de la familia para que no se sigan violando los derechos. “No ha había una solidaridad por parte de la oposición, comprendiendo de que aquí no se está solicitando que se apoye el acto que cometió mi esposo militar se está pidiendo que se apoye a que no se nos sigan violando los derechos humanos”.
El capitán Juan Caguaripano Scott fue capturado la noche del pasado viernes 11 de agosto por efectivos de PoliSucre, tras encabezar el asalto a la 41 Brigada Blindada en la ciudad de Valencia, estado Carabobo la madrugada del domingo 6 de agosto, donde fueron sustraídos más de 90 fusiles y dos personas fallecieron.
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