Privación de nacionalidad no puede ser usada como instrumento de persecución política
| COMUNICADO – Caracas, 25 de octubre 2025 Laboratorio de Paz expresa su profunda preocupación ante el anuncio de las autoridades venezolanas de iniciar un procedimiento para retirar la nacionalidad al dirigente político Leopoldo López, actualmente en el exilio. Esta medida constituye una violación flagrante tanto de la Constitución como de las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos, y representa un nuevo intento de criminalizar la disidencia y castigar el ejercicio de la oposición política. Según informaron medios del sistema público estatal de comunicación, Delcy Rodríguez declaró que el 24 de octubre Nicolás Maduro habría presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para retirar la nacionalidad de López. Esta iniciativa, inconstitucional y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, constituye un grave precedente que debe ser repudiado por la sociedad venezolana y la comunidad internacional. En su anuncio, Rodríguez invocó el artículo 130 de la Constitución (“Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación”). Sin embargo, la medida viola de forma expresa el propio texto constitucional, cuyo artículo 35 establece: “Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad”. En ningún otro artículo de la Carta Magna existe base alguna para interpretar de manera distinta esta garantía. Por su parte, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela tampoco contempla entre sus sanciones la anulación de la nacionalidad venezolana. El derecho a la nacionalidad es inderogable La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido, en su Resolución No. 2/23, que la nacionalidad es un derecho humano fundamental e inderogable, protegido por el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ningún Estado puede privar arbitrariamente a una persona de su nacionalidad, ni siquiera en circunstancias excepcionales. Retirar la nacionalidad por motivos políticos constituye una forma de persecución incompatible con los principios de igualdad, no discriminación y debido proceso que rigen el sistema interamericano de protección de derechos humanos. De acuerdo con la CIDH, la privación de nacionalidad solo puede considerarse válida en casos muy excepcionales, como fraude comprobado en su adquisición, y jamás por razones ideológicas o políticas. La misma resolución advierte que toda privación que genere apatridia es arbitraria y está prohibida por el derecho internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha rechazado medidas similares en Nicaragua, donde más de 300 personas fueron declaradas apátridas por el gobierno de Daniel Ortega. El organismo ratificó que: “El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad, incluso por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. El ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de reunión u otros derechos asociados a las opiniones políticas de una persona, nunca puede justificar la privación de la nacionalidad”. Asimismo, el ACNUDH, en su informe “Nicaragua: Persecución más allá de las fronteras”, sostiene: “La privación de la nacionalidad se ha acompañado de otras medidas represivas, entre ellas la confiscación de bienes, fuentes de ingreso, pensiones y cotizaciones de seguridad social de las víctimas, así como obstáculos a la reunificación familiar que afectan en particular a niñas y niños. Estas acciones buscan situar a las víctimas en una condición de extrema vulnerabilidad, privadas de su identidad jurídica y de la protección del Estado. […] En conjunto, estas medidas parecen haber sido diseñadas deliberadamente para cortar todos los vínculos de las víctimas con su país de origen y borrar su presencia política en el exilio, socavando su eventual retorno como figuras de oposición.” Reiteramos que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, solo es legítimo retirar la nacionalidad en casos muy específicos: a) Fraude o falsedad en su adquisición; b) Renuncia voluntaria por parte de la persona; y c) Cambio de nacionalidad por decisión propia o naturalización en otro país. Un patrón creciente de persecución El anuncio de Delcy Rodríguez se inscribe en un contexto de criminalización sistemática de la disidencia democrática en Venezuela: cierres de partidos, inhabilitaciones y detenciones arbitrarias. Usar la nacionalidad como herramienta de castigo político agrava la crisis de derechos humanos y vulnera la identidad jurídica y civil de las personas perseguidas. Al igual que en el caso nicaragüense, las autoridades venezolanas han aplicado de forma sistemática la anulación de pasaportes como mecanismo de represalia. También se han documentado incautaciones y confiscaciones de bienes contra personas víctimas de persecución política. La anulación de la nacionalidad podría convertirse en un nuevo patrón de violaciones graves a los derechos humanos en el país. Desde Laboratorio de Paz hemos alertado que las autoridades están utilizando el operativo antinarcóticos desplegado en el Mar Caribe como marco de justificación para extender las prácticas de control y represión interna, e intensificar la frontera represiva impuesta tras el desconocimiento de la voluntad popular en las elecciones de 2024. Al invocar supuestas amenazas extraordinarias, el gobierno intenta dotar de legitimidad a medidas que, en la práctica, redefinen los límites del orden constitucional y de los derechos ciudadanos. Este precedente anuncia una nueva fase de represión estructural, que afectará a la disidencia en su conjunto, independientemente de los resultados o la duración del operativo estadounidense. Exhortamos a los Estados miembros de la OEA, a los mecanismos de la ONU y a la comunidad democrática internacional a rechazar públicamente esta medida, exigir el respeto a las garantías del debido proceso y recordar al Estado venezolano que la nacionalidad no puede ser utilizada como arma política ni como mecanismo de venganza. Instamos, asimismo, a que se mantengan activos todos los mecanismos diplomáticos y de derechos humanos sobre Venezuela, con el fin de contener la deriva autoritaria y antidemocrática de las actuales autoridades del país. |
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