Tribunal condena a 28 años de prisión a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe
El proceso penal en contra de Santiago Uribe está relacionado con el bloque paramilitar de Los 12 Apóstoles.
VANGUARDIA – Periodista Arley Sánchez
En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Antioquia condenó a 28 años de prisión a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al hallarlo culpable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, fueron las primeras declaraciones que dio el líder natural del Centro Democrático, luego de conocer la decisión del Tribunal Superior de Antioquia.
La decisión del tribunal fue revocar la absolución que, en primera instancia, se había proferido a favor de Santiago Uribe, y lo condenó por encontrarlo culpable de delitos de lesa humanidad relacionados con el bloque paramilitar de Los 12 Apóstoles.
A mediados de noviembre, Santiago Uribe fue absuelto. La decisión ocurrió tras las investigaciones que adelantó la Fiscalía en su contra por, supuestamente, haber conformado el grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.
Este es uno de los casos judiciales más sonados y largos del país; la etapa final del juicio comenzó en enero de 2021 y desde entonces se esperaba una sentencia.
El caso de ‘Los 12 apóstoles’
A Santiago Uribe Vélezla Fiscalía lo acusó por su presunta participación en la conformación de dicho grupo, que nació en Yarumal, en el norte de Antioquia, pero en el proceso también se investiga el homicidio del campesino Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera, ocurrido en ese municipio el 25 de febrero de 1994.
La Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias en enero de 2017 para que Uribe fuera investigado por estos hechos. El juicio continuó con un expediente que contiene 45 libros y centenares de horas de testimonios, que documentan o contradicen la hipótesis de que Santiago Uribe Vélez promovió la creación, en febrero de 1992, de dicho grupo paramilitar desde la administración de la Hacienda La Carolina, que permitió que los paramilitares entrenaran en su finca y tomó decisiones acerca de cuáles serían las personas a eliminar en medio de la “limpieza social” propuesta desde el grupo contrainsurgente.
El abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe, ha manifestado en varias oportunidades que “este caso se trata de una verdadera colección de abusos raseros de la miseria humana que se encuentra plagado de falsos testigos, testigos secretos, espurios señalamientos, chismes presentados como pruebas, funcionarios que han deshonrado su investidura, de complots con fines de desprestigio político e incluso de manipulación mediática”.
La estrategia de defensa que trazó el abogado Jaime Granados para la recta final del caso consistió en referirse a tres de los cuatro testigos que presentó la Fiscalía ante el estrado. Se trata de Juan Carlos Meneses, excomandante de la Policía en Yarumal, que ha señalado a Uribe como integrante de ese grupo paramilitar, pero Granados ha manifestado que le han comprobado múltiples mentiras al testigo durante el proceso.