8.532 víctimas en 14 años: el saldo mortal del Ministerio Penitenciario
Hoy 26 de julio se cumplen 14 años de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), el cual en 2011 fue presentado como una solución innovadora para transformar el sistema carcelario venezolano. Sin embargo, a más de una década de su existencia, los resultados concretos son escasos, las violaciones a derechos humanos se han profundizado y el sistema penitenciario sigue inmerso en una crisis estructural que se agudiza con cada nuevo anuncio oficial.
El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario fue creado durante el gobierno de Hugo Chávez, con Iris Varela como su primera ministra. Desde sus primeros días, la gestión de Varela se caracterizó por una retórica triunfalista, pues ella misma llegó a afirmar que Venezuela contaba con “el único ministerio penitenciario del mundo” y que el país ya casi alcanzaba la cobertura total del denominado “Nuevo Régimen Penitenciario”, que no son más que prácticas militares de régimen cerrado que violan el derecho a la dignidad humana.
No obstante, los motines sangrientos, las fugas masivas, el hacinamiento extremo y el retardo procesal estructural desmintieron esa narrativa oficial. A lo largo de los años, otros ministros pasaron por la cartera, como Mirelys Contreras, cuyo paso fue considerado una continuación sin resultados tangibles, y más recientemente Celsa Bautista Ontiveros, una militar sin experiencia técnica que fue designada en medio de denuncias por corrupción y violencia dentro de los recintos penitenciarios.
Su salida en 2024 fue consecuencia directa de las huelgas carcelarias que se extendieron por más de 19 centros de reclusión a nivel nacional, con la participación de más de 50.000 personas privadas de libertad. En su lugar fue designado Julio García Zerpa, quien asumió el cargo con promesas de revisión del sistema que hasta la fecha no han sido cumplidas.
Uno de los aspectos más reveladores del fracaso institucional ha sido la proliferación de planes oficiales. Entre 2011 y 2024 se han anunciado 18 planes, desde el “Plan Cayapa” hasta el más reciente “Plan Nacional de Redenciones 2024-2025”.
Entre ellos figuran iniciativas como “Llegó Máita”, “Visión Libertaria”, “Bienestar Familiar”, “Plan de Impulso Procesal” y el “Plan de Fortalecimiento Textil”. Pese a la abultada lista, no existe evidencia pública que permita conocer cuántas personas han sido beneficiadas ni cuál ha sido el verdadero alcance de estas políticas.
Es por ello que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos denunciado reiteradamente que se desconoce el impacto real de estos planes, lo que impide evaluarlos con rigor. En la práctica, estas iniciativas terminan convertidas en anuncios sin continuidad, sin presupuesto claro y sin transparencia.
En el plano normativo, las reformas tampoco han cumplido con los principios constitucionales ni con estándares internacionales. En 2012 se reformó el Código Orgánico Procesal Penal para aumentar el tiempo de cumplimiento de pena antes de optar a fórmulas alternativas.
Se establecieron excepciones para determinados delitos, lo que restringió aún más el acceso a medidas de redención judicial. En 2015 se promulgó un nuevo Código Orgánico Penitenciario, reformado en 2021, que derogó la Ley de Régimen Penitenciario y la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio.
Lejos de significar un avance, este código consolidó prácticas regresivas y violatorias de derechos humanos. Por ejemplo, eliminó el marco de protección para las personas privadas de libertad, avaló el uso de armas contra las “extremidades inferiores” de los reclusos, lo que, en la práctica, otorgó una licencia para matar y contradijo principios constitucionales como la descentralización y el respeto al debido proceso. A pesar de su vigencia, el código sigue sin contar con un reglamento operativo.
En términos de reinserción social, el discurso oficial ha insistido en la existencia de programas productivos, educativos y culturales, principalmente a través del Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP). Sin embargo, no existen cifras públicas sobre cuántas personas han participado en estos programas ni cuál es su efectividad real en la reducción de la reincidencia.
La opacidad institucional impide verificar si estas actividades han tenido algún impacto positivo en la vida de las personas privadas de libertad, más allá del uso propagandístico que les ha dado el régimen. El deterioro de las condiciones de reclusión ha quedado expuesto en tragedias como la masacre de Yare I en 2012, la tragedia de la Comandancia General de la Policía de Carabobo en 2018 con 68 fallecidos, y el motín de Guanare en 2020, donde murieron 47 personas.
Estos eventos reflejan el colapso total de la gestión penitenciaria: cárceles sobrepobladas, personal sin formación, bandas armadas con poder interno, falta de atención médica, alimentos en descomposición y la constante violación del derecho a ser juzgado por un tribunal competente y en un plazo razonable.
En este sentido, no hay ninguna duda de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ha fracasado en sus objetivos fundamentales: garantizar condiciones dignas de detención, respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y establecer un sistema basado en la reinserción, no en el castigo y la venganza.
Lejos de avanzar, el modelo penitenciario se ha convertido en un instrumento de control, represión y muerte. Las denuncias de tortura, corrupción, extorsión y tráfico dentro de las cárceles son moneda corriente, mientras que el régimen ha abandonado su deber de servir a las personas privadas de libertad y no servirse de ellos.
A 14 años de su creación, el balance es devastador. Se ha creado un aparato burocrático sin capacidad de transformación real, con ministros que rotan sin dejar huella y con políticas que se quedan en el papel. El sistema penitenciario venezolano no necesita más planes ni promesas: necesita transparencia, rendición de cuentas, voluntad política y respeto por la dignidad humana. Sin eso, cualquier reforma será otra promesa fallida en la larga lista de fracasos del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
En estos 14 años el régimen no solo ha sido incapaz de transformar el sistema carcelario, sino que ha dejado un saldo trágico que revela la magnitud del fracaso institucional: 3.528 personas murieron y 5.094 resultaron heridas en centros de reclusión, lo que eleva a 8.532 el número total de víctimas por violencia y falta de atención médica.
En conclusión, el problema penitenciario es la falta de gerencia, experticia y disposición para solucionar este problema y la pobre justicia humana que lamentablemente tenemos en nuestro país.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Foto: Cortesía