Campesinos del parcelamiento El Trompillo: No somos rastrojos ni paracos

****Exigimos al presidente Nicolás Maduro interceda en esta injusticia, ya que solamente estamos produciendo alimento para cooperar con el gobierno nacional
Jorge Rivera
Un aproximado de 350 familias campesinas que ocupaban en la antigua hacienda San Miguel La Trinidad El Trompillo, parroquia Rómulo Betancourt del municipio Alberto Adriani, fueron desalojadas en horas de la madrugada del pasado miércoles y destruidos sus cultivos, implementos de trabajo y demás pertenencias por una comisión policial conformado por funcionarios del FAES, GNB, Policía del Estado, PNB y Policía Rural, cumpliendo órdenes del del general (GNB) Ferrer Sandrea, comandante de la ZODI Mérida, además estuvieron acompañados del alcalde Mezin Abou Assi y de Jehyson Guzmán, protector del estado.
Al respecto, un grupo de estos campesinos se apostaron el pasado jueves en la mañana, frente a las instalaciones de la alcaldía, ubicada en la avenida Bolívar, para exigirle al alcalde le sean devueltas sus tierras que fueron asignadas en rescate por el INTI.
Isabel Granados, coordinadora del Consejo Campesino que hace vida en el parcelamiento desde hace ocho años, manifestó que fueron maltratados, vejados y despojados de sus pertenencias por parte de un grupo armado de 300 funcionarios de los diferente organismos de seguridad de la región como efectivos de GNB, Polimérida del centro de coordinación policial número 8 de El Vigía, Faes, PNB y Policía Rural, además estuvo encabezados por el comandante de la ZODI, la juez agraria Katerine Beltrán, el burgomaestre de El Vigía y el protector del estado.
Señaló que los funcionarios los agredieron, además destruyeron sus ranchos, dañaron los cultivos que estaban cosechando y les llevaron sus herramientas de trabajo, sin importar que hubiera niños, discapacitados y adultos mayores, aludiendo que ellos son miembros de grupos irregulares del vecino país.
Acotó que no pertenecen ni a Los Rastrojos ni a los paracos, son familias trabajadoras que han luchado para levantar sus cultivos e indicó que presuntamente el desalojo es porque el alcalde dijo que 100 hectáreas de esa finca le pertenecen.
Recalcó que el general Ferrer nos dijo que nos iban a reubicar en otra parte, cosa que no aceptarán, ya que no sabemos qué está pasando por lo que pedimos que el presidente Nicolás Maduro interceda en esta injusticia, pues terratenientes quieren quitarles sus parcelas.
Indicó que un miembro de seguridad del ayuntamiento local, la golpeó en el ojo la mañana del pasado jueves “cuando protestaban a las afueras de la alcaldía exigiendo conversar con el mandatario municipal, alegando que no tienen derecho a manifestar frente a la alcaldía, por eso exigimos que se haga justicia; aún cuando se dice que este gobierno municipal es feminista, ya que no comparte el maltrato hacia las mujeres.
Por su parte Luis González, otro campesino afectado por el desalojo, informó sobre el maltrato que sufrió de parte de las autoridades, asegurando que les tumbaron los ranchos en la madrugada del miércoles e indicó que el propio alcalde fue quien picó la cerca dando la orden para que ingresaran las fuerzas policiales al parcelamiento.
Destacó, que «solicitamos que el presidente Maduro nos ayude queremos las tierras para seguir cultivando y llevando alimentos para la venta a la población del municipio Alberto Adriani».