Por Oscar Medina | @oscarmedina1

VÉRTICE

 

Hubo una Luisa Ortega antes del 31 de marzo y otra después. En 2014, por ejemplo, fue la Fiscal General que se negó a recibir a una comisión en representación de quienes manifestaban a las puertas de la sede del Ministerio Público venezolano. Ese día -12 de febrero- los ciudadanos fueron atacados con armas de fuego, hubo muertos, represión, violencia de calle y desmanes. Y más tarde el líder político Leopoldo López terminó imputado por varios cargos relacionados a esos eventos. La Luisa Ortega de entonces fue señalada de cumplir una encomienda del Ejecutivo: lograr una sentencia condenatoria contra López. Y también de utilizar el sistema de justicia para criminalizar la protesta.

En febrero de 2016 se negó a ser interpelada por el Parlamento tras la presentación del informe de memoria y cuenta de su despacho. Desde el partido opositor Voluntad Popular exigieron su renuncia: “No es únicamente delincuente el que con un arma te mata, sino que también es delincuente el que utiliza su cargo en el gobierno y roba, y se lleva el dinero destinado a la salud, a la alimentación, la seguridad, el acceso a las divisas, ese también es un delincuente y está siendo amparado desde la Fiscalía General de la República”, advirtió el diputado Ismael León.  Y añadió: “Son altamente conocidas las bandas criminales que están en el país, pero ninguno de esos criminales está preso. La fiscal Luisa Ortega es la responsable de la impunidad que se vive en el país, por lo que debe poner su cargo a la orden. Si no puede ser interpelada, pues entonces renuncie, porque ha sido incapaz de rendirle cuentas al país”.

Esa Luisa Ortega quedó atrás. La de ahora se permite, por ejemplo, difundir un mensaje al país a través de Youtube en el que confirma su decisión de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y “velar por su fiel cumplimiento”. En ese video fechado el 3 de julio dice: “Mi rol de Fiscal General exige y demanda asumir la primera línea de defensa de nuestro estado republicano y marcar el camino de nuestro pueblo. Las instituciones deben funcionar y se deben respetar. Es por ello que ante los ataques y amenazas que se ciernen sobre el país el Ministerio Público –quizás una de las pocas ventanas democráticas que nos quedan- no se intimidará y mucho menos entregará sin luchar las libertades y los derechos de los venezolanos”.

Reiteró también un llamado hecho en otras oportunidades: el de apegarse al Artículo 333 de la Constitución que otorga a los ciudadanos –investidos o no de autoridad- la potestad de defender y asegurar el cumplimiento de la Constitución. “Ahora más que nunca debemos unirnos, sumar esfuerzos para restituir el Estado de derecho, la independencia de los poderes públicos, la calidad de vida y la paz que merecemos. Lo que está en juego es la libertad y el futuro”.

“Mi rol de Fiscal General exige y demanda asumir la primera línea de defensa de nuestro estado republicano y marcar el camino de nuestro pueblo. Las instituciones deben funcionar y se deben respetar”

El mismo día se presentó en la Asamblea Nacional para un acto que hay que ver como estrategia de desconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia fiel a las órdenes del Ejecutivo: la designación del vicefiscal Rafael González. Ese nombramiento fue anulado por una decisión del TSJ cuando en realidad es materia que le compete al Parlamento. Por eso Ortega solicitó el apoyo de los diputados: “El Ministerio Público y la Asamblea están legitimados y están al servicio del Estado, pero he acudido hoy porque la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que dentro de las atribuciones del fiscal general, como es normal, él elige a los funcionarios que lo acompañan (…) Estoy aquí para solicitarles a ustedes que ratifiquen al doctor Rafael González en su cargo”, dijo. La Asamblea le dio el visto bueno por unanimidad. Y agregó: “Yo represento una institución y esta institución debe garantizar la institucionalidad y la legalidad. No puedo permitir atropellos. No puedo permitir violaciones a los derechos humanos, me voy a oponer siempre a ello. Por esa razón yo creo que la oscuridad no dura para siempre ni logra extenderse en su totalidad”.

Quienes hasta hace muy poco tiempo la señalaban como cómplice del gobierno de Nicolás Maduro, aplaudieron a Ortega en el Parlamento. Lo mismo –aunque con algunas pocas reservas- hace hoy el resto de la oposición. Sus actuaciones le han valido el respaldo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro; y de la Asociación Internacional de Fiscales, que reúne a representantes de 170 países.

El renacer

¿Y cómo fue que se convirtió en esta nueva Luisa Ortega que ha desatado la ira del chavismo y de Nicolás Maduro? La primera sorpresa la dio el 31 de marzo cuando declaró que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ que quitaban competencias a la Asamblea Nacional para otorgárselas al propio TSJ violaban el orden constitucional.

Si bien ese día comenzó su momento “estelar”, Ortega ha tratado de que no se cuente su historia a partir de ahí. En una entrevista concedida al diario peruano El Comercio hizo memoria: en 2015 el Ministerio Público a su cargo cuestionó por inconstitucional una resolución del Ministerio de Defensa que autoriza el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones públicas y en 2016 repudió las acciones del plan de seguridad del gobierno y los militares llamado OLP e “inició” investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos.

“Estos hechos son un par de antecedentes, entre muchos otros, que evidencian un proceso progresivo de desmontaje del Estado constitucional en Venezuela”, advirtió: “Luego vino el cambio de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional y el Ejecutivo terminó instrumentalizando al Poder Judicial, instancia que en vez de servir para aminorar la conflictividad, la ha potenciado. Así, llegamos a las sentencias 155 y 156 del TSJ, ante las cuales no había otra opción que denunciar la ruptura del orden constitucional”.

También ofreció una caracterización del país: “Esto no es un Estado de derecho, es un Estado policial”. Y desarrolló la idea: “Nuestra Constitución consagra todo un entramado de pesos y contrapesos entre los poderes públicos que garantizan los derechos de los ciudadanos […]. Todo este modelo constitucional es aniquilado, desconocido, violentado con las sentencias del TSJ contra la Asamblea; es por ello que hubo una ruptura del orden constitucional. Con el transcurrir de los días, el TSJ ha venido desmantelando el Estado de derecho erigiéndose en una especie de corte totalitaria que interpreta y manipula a su antojo y, bajo sus intereses políticos, lo que establece la Carta Magna”.

El 19 de abril la Fiscal empezó a abordar con fuerza un asunto delicado: exigió que se respetara el derecho a manifestar de los venezolanos. Y el día 25 ofreció un balance del saldo de detenidos, muertos y heridos durante las protestas convocadas por la oposición y habló de irregularidades en los procedimientos de las fuerzas de seguridad. Ya para entonces desde sectores más radicales del chavismo se le acusaba de “amparar actos vandálicos” debido a los anuncios de investigaciones abiertas por violaciones a derechos humanos. En ese momento la Fiscalía contabilizaba 26 personas fallecidas y 1.289 detenidas. El 3 de mayo, en otra entrevista, condenó la violencia del Estado contra los manifestantes: “No podemos exigir comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no van acorde con la ley”.

Una carta fechada el 17 de mayo y dirigida al presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Jaua, remarcó su curso de colisión con el gobierno. Allí señaló que la modificación de la Carta Magna para transformar al Estado no era “necesario, pertinente ni conveniente” y advirtió que la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente “aceleraría la crisis”.

Otra declaración sorpresiva la dio el 24 de mayo: desmontó la versión del gobierno sobre el asesinato del joven Juan Pernalete que señalaba la posibilidad de que hubiera muerto a manos de otro manifestante. Las investigaciones del Ministerio Público demostraron que las heridas que le ocasionaron la muerte las produjo el impacto de una bomba lacrimógena disparada directamente a su cuerpo. Los criterios de obediencia y obsecuencia que exige el chavismo a su gente ya habían sido rebasados: Luisa Ortega se convirtió en traidora.

Caja de sorpresas

Días después, el 1 de junio, fue a tocar a las puertas del TSJ en su primera acción legal contra la Constituyente: presentó un recurso para que se aclararan algunos puntos de la sentencia 378 emitida por el TSJ a favor de la convocatoria de Maduro. Entre ellos, la “progresividad de los derechos humanos” (el proceso Constituyente tal como está planteado limita la participación), “vigencia de la democracia participativa y protagónica” (“Estamos solicitando confirmar si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, como se dice en el artículo 5 de la Constitución. ¿Cómo se transfirió esa soberanía del poder del pueblo soberano a los órganos del poder constituido?”); “diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria a Constituyente” (¿quién convoca, el pueblo o un funcionario?) y “modificación de la Carta Magna sin el pueblo (“También estamos solicitando que se aclare si se puede convocar una modificación del texto constitucional sin la aprobación del pueblo, que es el único depositario del poder constituyente originario. Eso lo establece el principio de la supremacía constitucional”).

El 2 de junio pidió públicamente a Maduro abortar la idea de la Constituyente. Los magistrados declararon inadmisible su solicitud de aclaratoria de la sentencia 378. A esto respondió con otra: el 7 de junio le pidió a la Sala Electoral del TSJ que anulara la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Maduro e invitó a los ciudadanos a sumarse a la petición acudiendo al TSJ. Por un momento pareció abrirse otra brecha más allá de la lucha en las calles. La Mesa de la Unidad Democrática y profesionales del derecho intentaron coordinar la información para que la gente se adhiriera al recurso. Pero los magistrados se movieron con rapidez y el día 12 le dieron un carpetazo a la solicitud de nulidad por tratarse de una “inepta acumulación de pretensiones”.

“El 29 de junio el Ministerio Público hizo otra movida inesperada: citó en calidad de imputado al ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides Torres, por presuntas violaciones de los derechos humanos”

Nadie se sorprendió. El TSJ fue un muro de contención para proteger a Hugo Chávez y con Maduro ha sido un fortín apuntando sus cañones contra la Asamblea Nacional. Así que esa decisión de los magistrados era lo que se esperaba.

El 29 de junio el Ministerio Público hizo otra movida inesperada: citó en calidad de imputado al ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides Torres, por presuntas violaciones de los derechos humanos durante las acciones de represión de las manifestaciones de los últimos meses. Bajo esta misma acusación pero referida a casos de 2014, el oficial fue incluido en una lista de sancionados por Estados Unidos en 2015. El director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González López, también fue imputado por la Fiscalía. El 3 de julio el TSJ declaró nula la imputación contra Benavides Torres y se espera que haga lo mismo en el caso del jefe del Sebin.

Supremo pugilato

Desde el momento en que la Fiscal General comenzó a asumir una posición institucional se ubicó en un lugar extraño: el mandato a los poderes públicos en Venezuela es servir a los intereses de la revolución y en estos meses de intensas protestas lo que menos necesitaba el gobierno de Maduro era a un organismo como el Ministerio Público imputando a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana por asesinar a manifestantes. El “caiga quien caiga” de las investigaciones de los fiscales a su cargo no podía ser bien recibido. Tampoco sus observaciones sobre violaciones a los derechos fundamentales y mucho menos su posición contraria a la Constituyente.

Eso hay que tenerlo claro para entender la agresiva respuesta del oficialismo. El 13 de junio el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño, acudió al TSJ para solicitar que se ordenara una evaluación psicológica a Luisa Ortega: “Lo que procede es pedir al Tribunal una junta médica que confirme su insania mental, que no es otra cosa que declarar su incapacidad para el cargo. Es evidente que esta mujer no está en sus cabales, es claro que esta mujer no es normal”.

Tres días después, Carreño volvió al TSJ para pedir que se evaluara un antejuicio de mérito contra Ortega que, en esencia, es el primer paso para someterla a juicio y destituirla. Esa fue su respuesta al recurso presentado ante esa misma instancia por la Fiscal en el que pidió la impugnación de la elección de 33 magistrados del TSJ realizada en 2015 por la Asamblea Nacional dominada entonces por una mayoría chavista en un proceso que ha sido señalado como viciado por múltiples irregularidades, entre ellas, el hecho de que algunos de ellos no cumplen con las credenciales para ocupar tales puestos.

Carreño alegó que la Fiscal ha cometido faltas graves al cuestionar la designación de los magistrados y demandó que se congelaran sus bienes y cuentas bancarias y se le aplicara la prohibición de salida del país. El 28 de junio la Sala Plena del TSJ, presidida por uno de los juristas cuestionados, Maikel Moreno, aprobó la petición de Carreño y fijó una audiencia para el 4 de julio. Un día después el presidente Maduro se refirió a ella como “una traidora que empezó a secarse”.

Los acontecimientos de la pugna entre la Fiscal General y el TSJ se aceleraron el 3 de julio. Ese día Ortega informó que representantes de la Contraloría General de la República intentaron ingresar a la fuerza a la sede del Ministerio Público para hacer una auditoría a sus manejos financieros. Luego anunció que se había ratificado una petición de información a las autoridades de Estados Unidos sobre el caso de Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores enjuiciados en ese país por acusaciones de narcotráfico. Los Flores, como se recordará, son conocidos como los “narcosobrinos”, por su parentesco con la primera dama venezolana Cilia Flores.

El 3 de julio hubo más: la defensa de Ortega recusó a 17 magistrados por irregularidades en el proceso de antejuicio de mérito contra ella. La nota de prensa de la Fiscalía explica: “Además, el 13 de junio, la Fiscal General solicitó antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional del máximo tribunal del país porque suscribieron las sentencias 155 y 156, a través de las cuales desconocían las funciones de la Asamblea Nacional, situación que los inhabilita para conocer cualquier causa contra la Fiscal General. No obstante, tres de esos magistrados fueron los que el 20 de junio admitieron en Sala Plena la denuncia contra Ortega Díaz”.

Sin embargo, la audiencia pautada para el 4 se llevó a cabo, aunque la funcionaria se negó a asistir. “Yo no me voy a someter a ese Tribunal Supremo de Justicia, es inconstitucional e ilegítimo. No asistí al TSJ porque no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia de sangre y dolor”, dijo. Y calificó las acciones del TSJ como un golpe de Estado “más grotesco que el de Pedro Carmona”, aludiendo al breve desalojo del poder que sufrió Hugo Chávez en el año 2002.

En declaraciones hechas ese día Ortega volvió a cargar contra la Constituyente: “El presidente no es el poder soberano, es el pueblo, el pueblo es el que puede convocar Constituyente”. Y ofreció un nuevo balance de la represión de las protestas: 90 personas fallecidas y 4.658 procesados por muertes, lesiones y daños a la propiedad; además de cuestionar la injerencia de tribunales militares en el juzgamiento de civiles.

“Yo no me voy a someter a ese Tribunal Supremo de Justicia, es inconstitucional e ilegítimo. No asistí al TSJ porque no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia de sangre y dolor”

Durante la jornada el TSJ atizó la pelea: anuló la ratificación del vicefiscal Rafael González y en su lugar designó a Katherine Harlington Padrón, quien antes fuera viceministra de Interior y Justicia y quien también forma parte de la lista de sancionados por Estados Unidos. Así como desconoce a los magistrados por “ilegítimos e inconstitucionales”, Ortega advirtió que no acepta la imposición de Harlington Padrón en el puesto de segunda de a bordo en la Fiscalía.

La movida del gobierno está en la mesa: en el caso de una eventual salida de Ortega, será Harlington Padrón –una aliada- quien asuma las riendas del organismo. De momento, la decisión de si procede o no un juicio contra Ortega quedó pospuesta por cinco días, por lo que podría conocerse el domingo 5 de julio o en una fecha cercana. La Fiscal General apuntó que sabe lo que pasará: la llevarán a juicio. Pero aseguró que su compromiso se mantendrá intacto: “Si el TSJ decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar a restablecer la democracia”.

A pesar de su ya abierto enfrentamiento al gobierno de Maduro, no es correcto asumir que Luisa Ortega se haya “pasado” a las filas de la oposición. Hasta ahora ha cuidado la formalidad institucional y se propone más bien como defensora de un elemento importante del “legado” de Hugo Chávez: la Constitución aprobada en 1999. No hay que confundirse: Ortega cuestiona incluso con argumentos chavistas.

¿Por qué lo hace? Las especulaciones abundan: por genuina convicción e indignación ante los desmanes represivos y la amenaza a la democracia que representa el planteamiento de un país sometido a la voluntad de una Asamblea Nacional Constituyente estructurada según los intereses del gobierno; por deslindarse de un régimen que viola los derechos humanos y es señalado de otras acciones criminales; por irrumpir a la cabeza de una fuerza política que aparece como tercera opción y quizás hasta por intenciones de llegar ella misma a la presidencia en un futuro no muy lejano. Cualquiera que sea su motivación, hay algo incuestionable: su salida al ruedo aportó una buena dosis de legitimidad a la protesta ciudadana y a la lucha contra la Constituyente. Esta nueva Luisa Ortega tuvo un efecto importante en la complicada escena política venezolana. Y todavía está en capacidad de seguir sorprendiendo a todos por acá.