Se suicida joven detenido en Tocorón por protestas poselectorales: «El Estado está matando a nuestros muchachos»
El cuerpo del joven Lindomar Bustamante, el sexto en morir bajo custodia del Estado, fue recibido la mañana de este domingo, 4 de mayo, por amigos que lo trasladaron a Cojedes, su estado natal, «donde fue enterrado de manera exprés esta misma tarde»
EL NACIONAL
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció la muerte de Lindomar Bustamante, un joven de 27 años que llevaba nueve meses detenido en el contexto de las protestas postelectorales por los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. La noticia del fallecimiento fue difundida por la organización a través de sus redes sociales y confirmada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Según el comunicado del Comité de Madres, Bustamante se habría suicidado mientras se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Tocorón, presuntamente por ahorcamiento.
«El Estado está matando a nuestros muchachos (…) El dolor que están viviendo, también es nuestro y vamos a acompañarlos para que haya justicia», aseveró la ONG, al expresar su solidaridad con la familia de Bustamante.
El comité reiteró enfáticamente la inocencia de los jóvenes detenidos. «Nuestros muchachos son inocentes. Muchos ni siquiera estaban protestando y fueron detenidos en alcabalas o en sus casas, por una delación», sostuvo.
Madres en Defensa de la Verdad:
“El Estado está matando a nuestros muchachos, exigimos libertad”
Con profunda tristeza e indignación, denunciamos el fallecimiento de LINDOMAR BUSTAMANTE, identificado con la cédula de identidad número 26.950.292, un mototaxista y obrero de 27 años que permanecía injustamente detenido desde hace nueve meses en el contexto de las movilizaciones postelectorales, quien falleció mientras estaba recluido en el Centro Penitenciario de Tocorón, presuntamente por suicidio mediante ahorcamiento.
Asimismo, existe información contradictoria sobre el estado de salud de JHOANDRI JOEL SILVA, identificado con la cédula número 29.525.641, que despierta la alerta de este Comité. JHOANDRI es un trabajador de 26 años detenido cerca de una farmacia a la que acudió para comprar un anticonvulsivo para su hija, también en el marco de la represión postelectoral.
Frente a estos graves y lamentables hechos, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad señala lo siguiente:
1. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias. El dolor que están viviendo, también es nuestro y vamos a acompañarlos para que haya justicia.
2. El artículo 43 (derecho a la vida) de nuestra Constitución dice que el “…Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. Pero el Estado no solo no está protegiendo la vida de nuestros muchachos, sino que las está destruyendo.
3. Nuestros muchachos son inocentes. Muchos ni siquiera estaban protestando y fueron detenidos en alcabalas o en sus casas, por una delación. Otros sí protestaron pacíficamente después del 28J, lo cual no es un delito sino un derecho. Y otros cometieron pequeñas faltas, como destruir propaganda política. Ninguno es terrorista, ni delincuente. Sin embargo, ya tienen nueve meses en prisión enfrentando graves violaciones a su derecho a la defensa y al debido proceso y sometidos a indignas condiciones de reclusión.
Preocupación por la salud de otro detenido
La organización también manifestó su profunda alarma ante la información confusa sobre el estado de salud de Jhoandri Joel Silva, de 26 años, un trabajador arrestado cerca de una farmacia a la que había acudido para adquirir un medicamento para su hija en el estado Cojedes. Su detención también se enmarca en la represión posterior a las elecciones.
El comité subrayó la responsabilidad del Estado en garantizar la vida de las personas privadas de libertad, haciendo referencia al artículo 43 de la Constitución. «Pero el Estado no solo no está protegiendo la vida de nuestros muchachos, sino que las está destruyendo», afirmaron las madres.
En su declaración, defendieron la integridad de los jóvenes detenidos, argumentando que un número significativo de ellos fueron arrestados sin participar en las manifestaciones, mientras que otros simplemente ejercían su derecho a la protesta pacífica tras los comicios del 28 de julio.
El Comité también señaló que incluso aquellos que cometieron «pequeñas faltas» no deben ser tratados como terroristas o delincuentes. «Ninguno es terrorista, ni delincuente. Sin embargo, ya tienen nueve meses en prisión enfrentando graves violaciones a su derecho a la defensa y al debido proceso y sometidos a indignas condiciones de reclusión», apuntó.
Suman seis muertes bajo custoria del Estado
De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Bustamante ya había atentado contra su vida. Aunque la situación que había sido advertida, «no recibió atención médica ni protección», una omisión que, asegura, «agrava la responsabilidad del Estado por una muerte evitable».
Informó que el cuerpo del joven fallecido fue recibido la mañana de este domingo, 4 de mayo, por amigos que lo trasladaron a Cojedes, su estado natal, «donde fue enterrado de manera exprés esta misma tarde».
«Su familia, de escasos recursos, no pudo visitarlo durante los nueve meses de reclusión por no contar con los medios para trasladarse. Esta tragedia expone con crudeza la injusticia y la desigualdad que enfrentan las víctimas más vulnerables», manifestó.
Denunció, además, que tanto Bustamante como Silva, quien también ha intentado quitarse la vida, estuvieron recluidos al menos 15 días en las llamadas «celdas de castigo» o «el tigrito», utilizadas por custodios del penal para aplicar tortura psicológica y tratos crueles. «Según testimonios, eran amenazados con frases como ‘se van a pudrir en prisión pagando’, por presuntamente haber participado en protestas tras los resultados del 28 de julio», agregó.
Según cifras del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, con la muerte de Lindomar, ya son al menos seis las personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano entre 2024 y lo que va de 2025, lo que, a su juicio, confirma «una política de abandono e impunidad dentro del sistema penitenciario».
«Hacemos un llamado a las distintas instancias de las Naciones Unidas, en especial al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, al Relator sobre la Tortura y a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, para que promuevan una investigación internacional e independiente, de oficio, que lleve a juicio a los responsables de estas graves violaciones», publicó el comité.
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— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) May 4, 2025