UE renovará sanciones contra funcionarios del Gobierno de Maduro
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La Unión Europea dará luz verde este miércoles, a nivel de embajadores, a la renovación del régimen de sanciones a Venezuela un año más, según han avanzado a Europa Press fuentes europeas y diplomáticas.
Los Veintiocho aprobaron en noviembre de 2017 la base jurídica para poder sancionar a dirigentes venezolanos responsables del deterioro democrático y de la represión civil y un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna.
Las sanciones europeas -congelación de activos y prohibición de entrada en la UE afectan a un total de 18 altos cargos venezolanos políticos y militares, entre ellos Diosdado Cabello, así como los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, el Fiscal General, Tarek William Saab y el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Maikel José Moreno Pérez.
Los Veintiocho darán luz verde a nivel de embajadores y “sin discusión” previa este miércoles a “la renovación del régimen de sanciones existente para Venezuela por un año más, hasta noviembre de 2019”. “Eso incluye los 18 individuos listados”, han avanzado fuentes diplomáticas.
Su renovación ya ha sido acordada a nivel de grupo de trabajo y será formalmente aprobada por el Consejo de ministros de Economía en noviembre sin discusión previa, han precisado otras fuentes.
“La situación hoy no ha mejorado, al revés. De modo que mantenemos nuestra decisión. Las medidas restrictivas continuarán mientras se siga violando los Derechos Humanos y los principios democráticos sean ignorados. No tenemos intención de rebajar nuestra posición dada la ausencia de un progreso sustancial sobre el terreno”, ha asegurado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, durante un debate sobre Venezuela en sesión plenaria en Estrasburgo.
La jefa de la diplomacia europea insistió que ahora «ni una mediación ni un diálogo tendrían ninguna probabilidad de tener éxito”, si bien ha insistido en la necesidad de actuar para evitar el riesgo de “una escalada de violencia” en ausencia de un proceso político y tras mostrar preocupación por el deterioro político y social, que ha llevado a más de dos millones de venezolanos a huir a los países vecinos.