Walter Márquez exigió amnistía integral que garantice justicia, reparación y retorno seguro de todos los exiliados
El defensor sostiene que la amnistía debe beneficiar a todos los presos políticos y a los venezolanos forzados al exilio, especialmente a los perseguidos antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024
EL NACIONAL
El exdiputado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, reiteró este lunes la necesidad de aprobar una ley de amnistía integral, acompañada de justicia y reparación, como vía para avanzar hacia la reconciliación nacional en Venezuela, tras décadas marcadas por persecuciones políticas y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
“Exigimos ley de amnistía integral con justicia y reparación”, sostuvo Márquez, al advertir que el contexto venezolano demanda una respuesta jurídica amplia frente a la crisis institucional y humanitaria que se arrastra desde finales del siglo pasado.
En ese sentido, afirmó que “la profunda crisis integral que afecta a Venezuela desde 1999 con su permanente y sistemática presencia de crímenes de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos, persecuciones, encarcelaciones arbitrarias e innumerables atropellos a la dignidad humana cometidos por el régimen, requiere de una ley de amnistía integral que abarque varios aspectos, incluyendo la restitución de la libertad personal, el libre tránsito, la libertad política y el ejercicio democrático, eliminando antecedentes penales, registros policiales y sanciones administrativas que han sido usadas como instrumentos de represión y que debe conllevar finalmente a la reconciliación nacional”.
Márquez, quien también es presidente de la Fundación El Amparo Internacional y reconocido defensor de derechos humanos, ha dedicado años a la investigación y documentación de casos emblemáticos ocurridos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Sus denuncias han sido presentadas ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
Ley de amnistía debe abarcar presos políticos y exiliados perseguidos
En relación con la propuesta de ley de amnistía anunciada por el gobierno transitorio encabezado por Delcy Rodríguez, Márquez sostuvo que esta debe beneficiar a la totalidad de los presos políticos y a los venezolanos forzados al exilio, especialmente aquellos perseguidos antes y después del 28 de julio de 2024, fecha en la que se celebraron las elecciones presidenciales, y en donde el ente electoral dio por ganador a Nicolás Maduro, a pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición venezolana.
Al respecto, enfatizó que “igualmente debe incluir a todos los exiliados, perseguidos y los despatriados que están en el exterior, para lo cual se requiere también el cese de las causas de esa persecución y represión que se instrumentalizó de manera oficial a través de la Ley Orgánica Simón Bolívar contra el Bloqueo Económico, la Ley de Fiscalización de las ONG, la Ley Contra el Fascismo, y la Ley Contra el Odio, por lo que su derogatoria es obligante para actuar en concordancia con la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de esta manera crear un marco jurídico democrático y pluralista en el que prevalezca el respeto a la dignidad humana, que verdaderamente garantice el libre retorno al país de quienes se encuentran en el exilio e incluya a los que han sido perseguidos por inhabilitaciones administrativas, como el caso de algunos ex gobernadores, ex alcaldes, ex diputados a la Asamblea Nacional, entre otros”.
La amnistía exige garantías democráticas duraderas
El defensor de derechos humanos también subrayó que una amnistía genuina debe contemplar garantías plenas para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, sectores que, a su juicio, han sido severamente golpeados por el cierre de medios de comunicación y la criminalización del pensamiento crítico.
Asimismo, consideró indispensable el desmantelamiento de grupos paraestatales, la eliminación de tribunales antiterroristas y la creación de una Comisión de la Verdad que permita esclarecer responsabilidades.
Finalmente, Márquez insistió en que cualquier proceso de reconciliación debe estar sustentado en compromisos claros de justicia y no repetición. Señaló que una Ley de Amnistía amplia no puede limitarse únicamente a la excarcelación de presos políticos, sino que debe garantizar la investigación de los crímenes cometidos, la reparación integral de las víctimas y el establecimiento de garantías democráticas duraderas.