Defensores tras las rejas: vidas comunes, luchas extraordinarias
De izquierda a derecha: Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda. Defensores de los derechos humanos injustamente encarcelados en Venezuela, presos de conciencia de Amnístia Internacional.
En Venezuela, defender los derechos humanos y las libertades civiles se volvió una actividad de alto riesgo. El espacio cívico se ha reducido drásticamente en los últimos años, mientras que el Estado criminaliza cada vez más la labor de activistas, abogados y periodistas.
En 2025, el discurso oficial del gobierno de Nicolás Maduro desfigura el papel de aquellos que han dedicado sus vidas y carreras a buscar justicia para las víctimas de la represión.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 236 ataques e incidentes de seguridad solo en el primer trimestre de 2025. En su último informe, denunció que el Estado venezolano insiste en aplicar una política de control social “ En contra de quienes se encuentran en primera línea de acción, defendiendo, exigiendo y promoviendo derechos humanos”.
“La criminalización a la defensa y exigencia de derechos pone en mayor vulnerabilidad a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a la población en general, quienes no solo se ven limitadas en la posibilidad de ejercer sus derechos, sino en verlos garantizados y protegidos. La sistematicidad de la criminalización ha derivado también en la instauración de un temor generalizado en la población incluyendo a las personas defensoras, de poder ser víctimas de los patrones represivos”, expresa un vocero del CDJ a Provea, quien prefiere permanecer en anonimato por motivos de seguridad.
Actualmente, hay al menos cinco defensores encarcelados de forma injusta y detrás de cada nombre criminalizado existe una historia de servicio civil. Entre ellos, Eduardo Torres, que acompañaba a presos políticos; Javier Tarazona, que recorría estados fronterizos documentando y denunciando la presencia de grupos armados irregulares, Rocío San Miguel, experta en temas militares, que durante años exigió rendición de cuentas y terminó acusada sin pruebas; Carlos Julio Rojas, periodista y activista vecinal y Kennedy Tejeda, arrestado mientras intentaba representar legalmente a otros de forma gratuita. Todos ellos blancos de la persecución y la detención sistemática en el país.
El CDJ afirma que este patrón represivo no solo busca “neutralizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales” en el país, sino que genera un efecto intimidatorio en las personas defensoras y funciona también como una amenaza clara.
“En este contexto, las personas defensoras de derechos humanos en el terreno continúan enfrentando grandes desafíos por el ejercicio de su labor, con limitaciones fácticas y normativas que dificultan que puedan llevar a cabo sus actividades de forma segura. La estigmatización es uno de los principales patrones de ataque en contra de las personas defensoras en Venezuela, quienes constantemente se encuentran expuestas a discursos descalificatorios, señalamientos, en varios casos acompañados de acusaciones”, explica el vocero del CDJ.
Abogados sin defensa
Eduardo Torres sigue aislado dentro de El Helicoide, pero a veces Emiselys lo imagina frente a la mesa de la cocina en su modesta casa alquilada en Caracas. Evoca el rostro satisfecho de su esposo tras beber una buena taza de café o comer una arepa recién sacada del budare. Lo recuerda preocupado por organizar sus documentos y llevar al día los casos de las víctimas de la represión en Venezuela, en especial de aquellas que terminaron formando parte de la oleada de arrestos poselectorales en 2024.
Antes del 9 de mayo de 2025, Eduardo Torres cumplía una meticulosa rutina como abogado de Provea y líder sindical. Desayunaba temprano con su familia, llevaba a su hija menor al liceo, visitaba los tribunales, regresaba puntual a las doce a almorzar, salía a reunirse con decenas de afectados por las violaciones de derechos humanos, acudía al campus de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cenaba algo ligero con su esposa, consultaba un par de capítulos de gruesos libros sobre Derecho Constitucional y, si no había ninguna emergencia que atender, se acostaba a dormir.
Tenía por costumbre revisar casos particulares para mantenerse actualizado. Cada vez que leía el nombre de Yosida Vanegas entre sus papeles, se detenía cuidadosamente. Pasaba las páginas, conmovido. Tomaba notas, las buscaba en la prensa. El proceso de Vanegas —una mujer de 67 años apresada en Táchira durante agosto de 2023 tras intentar ingresar al país para visitar a su hijo—, lo dejaba sumido en un corto silencio reflexivo.
“A esta señora que vino a ver cómo estaba su hijo la detuvieron sin motivo ni causa. No podemos permitir que esto siga pasando”, le comentaba finalmente a Emiselys.
Eduardo mantuvo sus hábitos y compromisos hasta su reclusión en uno de los mayores centros de torturas del país, el mismo destino que tuvieron varios de sus defendidos. El 9 de mayo desapareció en el centro de Caracas, tras salir de una reunión a las 4:00 PM. Cuatro días más tarde, el Fiscal General, Tarek William Saab, acusó públicamente y sin pruebas a Torres por conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación. El 17 de mayo, Provea emitió un comunicado en el que confirmó la detención del abogado en El Helicoide.
A finales de junio, Emiselys Núñez se esfuerza por tener paciencia, por evitar caer dentro de ese torbellino oscuro que es la desesperación. No ha hablado con su esposo desde hace casi dos meses, pero se obliga a confiar en que está recibiendo los paquetes con suministros que le envía a diario. El 25 de junio, Eduardo pasó su primer cumpleaños en reclusión, sin derecho a un abogado privado, en medio de denuncias de organizaciones no gubernamentales, periodistas, sindicalistas y activistas.
“Eduardo no tiene por qué estar ahí, no es un criminal. Es una persona íntegra, respetuosa de la ley y las personas. Tiene una calidad humana muy grande. Es el tipo de hombre que, si tiene que estar hasta las 12 de la noche en un tribunal sin obtener beneficios y solo por defender a alguien, él lo hace. Cualquiera que lo conozca va a decir lo mismo”, explica Núñez a Provea.
El nombre de Eduardo Torres pasa a engrosar el registro de activistas y defensores de DDHH que han sido privados de libertad por llevar a cabo su trabajo en Venezuela. Una lista que también incluye a Kennedy Tejeda, abogado de la ONG Foro Penal, quien desapareció el 2 de agosto de 2024 luego de ir al centro de detención Comando Rural de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Montalbán, estado Carabobo, para prestar asistencia jurídica sin costo a todos aquellos detenidos por protestar abiertamente contra los resultados de las elecciones presidenciales de 2024.
No hubo información de Tejeda por al menos 20 horas, hasta que un funcionario de la GNB Montalbán informó que este se encontraba recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Valencia, la capital de ese estado Carabobo.
Múltiples organizaciones se pronunciaron para pedir su liberación, entre ellas la RFK Human Rights (Robert F. Kennedy Derechos Humanos en español) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). El pasado 25 de enero, Kennedy cumplió 25 años de edad, lejos de su familia y encerrado en el penal de Tocorón, bajo los cargos de terrorismo e incitación al odio, sin acceso a la defensa de un abogado.
Un riesgo latente
Cuando vuelve del liceo, la hija adolescente de Eduardo Torres se detiene en la sala a descansar. El lugar todavía huele un poco a su papá. Ese aroma es una mezcla de madera y cuero que la reconforta desde que tiene memoria. Hay tardes en las que puede sentir el perfume tan cerca que, por un instante, cree que su padre ha regresado y que la llevará a comer helados de nuevo los fines de semana.
“¡Mamá, huelo que mi papá está por aquí!”, dice profundamente convencida. Emiselys la mira y niega con la cabeza. La muchacha pregunta todos los días por Eduardo, pide hablar con él, quiere verlo.
Eduardo y su hija se conectan con facilidad porque se parecen mucho. La adolescente también tiene esa manera enérgica de defender injusticias, facilidad para el debate y una determinación contagiosa. Acaba de cumplir 13 años, pero recita los artículos de la Constitución de Venezuela como una adulta. Es la influencia de su padre, al que extraña cada día.
Cuando tenía la edad de su hija, a Eduardo le costaba quedarse quieto. Estaba lleno de ideas e ímpetu. Esa combinación lo llevó a la presidencia del Centro de Estudiantes de educación media en San Felipe y posteriormente a tomar las riendas del Centro de Estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy (Iuty), desde donde defendía el derecho de los jóvenes al transporte y al comedor.
Tras graduarse en la carrera de Derecho, decidió trabajar con los sindicatos de la UCV y enfocarse en atender a aquellos que estaban siendo apresados por el Estado de forma arbitraria. En 2019 ingresó a Provea bajo la figura de contratado.
“Esto está arraigado en él. Siempre ha defendido la dignidad. Cree en que todas las personas merecen tener una vida digna”, apunta Emiselys.
Las tareas cotidianas se han vuelto difíciles para ella y sus dos hijos, pero intentan sobrellevarlas juntos. Piensan en Eduardo, con sus lentes de marco negro y su mirada tranquila, para obtener fuerza.
“Su detención era un riesgo que todos en la familia sabíamos que él estaba corriendo. Él había recibido amenazas de parte de funcionarios, le suspendieron el pasaporte. Pero el miedo nunca fue motivo para que se callara. El cree que el miedo no puede silenciar la voz”, explica Emiselys.
El riesgo a ser atacados o perseguidos por fuerzas represoras del Estado venezolano es similar a un lazo en torno al cuello. Se trata de una sombra constante sobre el trabajo de cientos de activistas en todo el país. Javier Tarazona, el director de FundaRedes, siempre lo supo, pero, al igual que Eduardo Torres, continuó con sus labores sin inmutarse. Actualmente, está a punto de cumplir cuatro años preso en El Helicoide. Lo último que hizo antes de su arresto arbitrario fue denunciar la presencia de guerrilleros colombianos (en especial el ELN y disidencias de las FARC) en Venezuela.
“Así como le pasó a Javier, le podía pasar a otras personas. Le sigue pasando a otras personas. Vemos que así ha sido: está Javier, está Eduardo, está Rocío. Hoy por hoy no todas las organizaciones están denunciando lo que pasa porque hay miedo de que les ocurra lo mismo. La libertad es ahora mismo muy preciada”, dice Clara Ramírez, directora encargada de FundaRedes tras la detención de Tarazona, a mediados de 2021.
A cuatro años de la detención de Javier Tarazona
Es junio de 2021 y Javier Tarazona duerme sin problemas en San Cristóbal, Táchira, al occidente venezolano. Despierta temprano, sobre las siete, justo a tiempo para tomar un desayuno rápido y repasar su itinerario. Con una taza de café en la mano, lee varias veces las diapositivas que usará para apoyar sus clases virtuales para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel).
Antes de conectarse desde la computadora, revisa su teléfono y responde algunos mensajes a periodistas que le piden conversar. Revisa el reloj, programa las entrevistas para que no interfieran con sus otros asuntos del día, se promete no extenderse en declaraciones para no llegar tarde a la oficina de FundaRedes, aunque sabe que eso no ocurrirá. Siempre termina acudiendo después del mediodía.
Pasada la hora del almuerzo, aparece en la sede de la ONG con un saludo animado y algún comentario ocurrente que hace reír a todo el mundo. Termina la jornada gestionando lo que haga falta dentro de la organización.
El resto del mes es igual. Atiende denuncias y escucha sobre nuevos casos de vulneraciones a los derechos a nivel nacional. Recopila datos de familias afectadas en Apure por la violencia de grupos armados, de comunidades que a duras penas resisten tras el abandono estatal, de indígenas que se quejan por la minería ilegal y el mercurio que envenena sus ríos. Los fines de semana recoge a su hijo mayor en Ureña, cerca de la frontera con Colombia, para pasar tiempo juntos.
Javier no hace caso a los rumores que circulan sobre una posible aprehensión de parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
FundaRedes permanece en el ojo del huracán, pero él no está nervioso. Se acuesta tarde, porque se distrae enviando correos y corrigiendo los trabajos de sus alumnos. Pero al final duerme plácido y tendido. No piensa dejar de denunciar ni de ayudar a los que lo necesitan. No piensa callarse. No piensa esconderse. Cuando le cuestionan su sobriedad emocional, responde simple:
“No podemos quedarnos en silencio. No podemos dejar que vengan por ti y que no haya nadie para defenderte”.
Durante todo el mes almuerza con su mamá. Es lo único fijo de su agenda diaria. Su momento sagrado, una hora en la que devora con gusto la comida casera venezolana. A su juicio, la mejor del mundo.
En 2025, la vida de Tarazona es completamente diferente. El 26 de junio cumplió exactamente 1.455 días encerrado en El Helicoide sin la garantía del debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Constitución. Su proceso se estancó desde 2022.
“El caso se ha seguido dilatando, las audiencias siguen iguales, las siguen difiriendo. Nosotros con Javier no hemos tenido comunicación reciente, lo que sabemos es por su hermano que tiene acceso a él y de ahí obtenemos información primaria de lo que ocurre. Pero lo que sí tenemos claro es que la situación no ha cambiado, sigue siendo una detención arbitraria”, explica Ramírez.
La encargada actual de FundaRedes lleva nueve años conociendo a Javier. No ha visto personalmente a su colega desde hace mucho, pero se queda con la única imagen que guarda de él: la de un hombre comprometido, de ideas claras, que adora hablar de filosofía y que se ríe fácil. Clara asegura que ese buen humor le granjeó grandes amigos que aún se preocupan por sus circunstancias.
En San Cristóbal, la gente que lo conoce lo respeta. Sus alumnos afirman que tiene ese tipo de carisma que no se ensaya, una amabilidad natural y mucho talento para enseñar. De hecho, desde 2021 Javier ha impartido clases a sus compañeros de reclusión dentro de El Helicoide, en un gesto de amor a la pedagogía. A veces habla de derechos, otras de historia, otras del país, como si todavía lo caminara con su equipo de trabajo.
“Javier tiene algo adicional que lo ayuda a conectar: su pedagogía. Es muy bueno enseñando, está muy bien preparado y eso es muy valorado por las demás personas”, expresa Clara.
Eduardo Torres y Javier Tarazona no son figuras improvisadas. Ambos vienen de trayectorias construidas desde abajo: Tarazona como docente, presidente del Colegio de Profesores de Táchira, fundador de FundaRedes; Torres como sindicalista, abogado, defensor de trabajadores y miembro activo de Provea. No buscaban notoriedad, sino justicia.
Sus casos son similares y no son casualidad. La persecución en Venezuela arrecia y afecta a aquellos que abogan y alzan la voz por las libertades civiles. Al igual que Torres y Tarazona, el periodista Carlos Julio Rojas fue encarcelado por denunciar y defender a otros. Su detención ocurrió durante la noche del 15 de abril de 2024.
Carlos Julio, aislado en El Helicoide
El 1 de julio de 2025, tras una visita a Carlos Julio en El Helicoide, Francy Fernández afirma que este ha sido hostigado y aislado en ese centro de reclusión. Su esposo le repite una y otra vez que quiere salir y que no ha cometido ningún delito que justifique un encierro que se ha prolongado por 14 meses. A mediados de junio fue llevado a “el tigrito”, una celda de castigo. Se trata de un espacio de confinamiento oscuro y reducido, donde apenas circula el aire y los olores se concentran.
“A él le interrumpieron las visitas el 3 de junio y lo llevaron a “el Tigrito” ocho días después de que eso se hace público. Ocho días después de que se denunciara que sus llamadas y sus visitas fueron suspendidas. Como castigo lo llevan a “el tigrito”, fue un castigo por la denuncia, indica Fernández.
Entre 2015 y 2024, Rojas sufrió por lo menos cuatro detenciones. Sin embargo, la última ha sido la más larga de todas. Es uno de los 16 trabajadores de la prensa que están tras las rejas por llevar a cabo sus labores. Actualmente, se le acusa por asociación para delinquir, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
Desde hace más de una década, Rojas se dedicaba a documentar y denunciar problemas comunitarios y violaciones a derechos fundamentales. Participó en protestas cívicas, promovió la justicia social y criticó la gestión del gobierno en las áreas primordiales del país. En mayo de 2025 fue reconocido con el Premio Argentino Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos.
“Carlos Julio es inocente, no es un hombre violento, nada en su vida está basado en el conflicto o en la violencia. Porque Carlos Julio es un defensor social, porque denuncia, habla, comunica. Es cercano a la gente, busca cómo ayudar, cómo solventar. No es un criminal. Carlos Julio hoy es un preso de conciencia y no hay cómo defenderlo porque no tiene acceso a un abogado”, señala Fernández.
En enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 7/2025, que otorgó medidas cautelares a favor de Carlos Julio Rojas, quien presenta hipertensión y otros problemas de salud que se agravan dentro de El Helicoide. Sin embargo, su esposa asegura que su caso sigue congelado y que nada ha cambiado desde abril de 2024.
Rocío San Miguel y su caso estancado
A Rocío la amenazaron muchas veces. Cuerpos de seguridad la hostigaron, el Estado la persiguió por años y hasta el mandatario Nicolás Maduro difamó su nombre en cadena nacional en 2014. Nada de eso impidió que San Miguel se convirtiera en una de las especialistas en asuntos militares y activistas más respetadas del territorio nacional.
Por casi 20 años dirigió de forma activa la ONG Control Ciudadano cuya misión es “promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional”. Para 2024 la organización ya había publicado decenas de análisis e investigaciones sobre la compra de armas en Venezuela, el crecimiento de la red de empresas militares, la influencia de algunos políticos en las FANB, las ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas represivas gubernamentales. Además, San Miguel denunció públicamente la detención ilegal en centros de torturas y la falta de justicia para las personas arrestadas.
Hizo un trabajo impecable a pesar del acoso estatal, hasta que el 9 de febrero de 2024 fue detenida en el área de migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, junto con su hija, Miranda, y sometida a desaparición forzada por más de 48 horas. No fueron las únicas privadas de libertad; el 12 de febrero, el abogado Juan González Taguaruco informó que parte del grupo familiar de San Miguel también fue arrestado de forma arbitraria. Estoe incluía al padre de Miranda, dos hermanos de Rocío y al exesposo de la activista.
El 14 de febrero de 2024, el equipo de defensa de Rocío indicó que su familia había sido liberada bajo un régimen de presentación cada ocho días y con prohibición de hablar con la prensa. Hasta mediados de 2025, San Miguel continúa recluida en El Helicoide sin que su caso haya avanzado, sin pruebas, acusada de formar parte de la operación “Brazalete Blanco”, una supuesta trama de conspiración denunciada por altos funcionarios del gobierno de Maduro.
Para abril de este año, su equipo legal alertó que no ha recibido atención médica para una fractura que tiene en el hombro desde hace varios meses, lo que ha causado pérdida de movilidad en un brazo. No hay información o declaraciones sobre su estado de salud de parte de las autoridades o la Fiscalía y la última imagen que los venezolanos vieron de ella fue una foto filtrada en diciembre del año pasado, donde aparece visiblemente demacrada.
En mayo de 2025, la organización Human Rights Foundation (HRF) otorgó el Premio de Justicia Thulani Maseko 2025 a Rocío San Miguel. El proceso legal de la activista se ha congelado: audiencias diferidas, silencio estatal, falta de acceso a abogados privados. El patrón se repite a pesar de las múltiples medidas humanitarias exigidas por diferentes ONG nacionales e internacionales.
Poco a poco, los defensores de derechos humanos han empezado a caminar de puntillas en el país
Aquellos que siguen viviendo en las ciudades nacionales ahora cuidan sus palabras, dejan de firmar investigaciones y se refugian en el anonimato para denunciar. Se mantienen al margen, con miedo de que les pase lo mismo que a sus colegas que permanecen dentro de las celdas de El Helicoide.
Actualmente, al menos 932 personas continúan detenidas por motivos políticos en Venezuela. Desde afuera, las organizaciones internacionales presionan, exigen nombres, fechas, condiciones, mientras el poder judicial retrasa procesos y actúa a discreción para decidir sobre la vida de decenas de hombres y mujeres. Las sentencias y los cargos se continúan dictando a puertas cerradas, sin ningún marco de garantías y en un contexto de abrumadora violencia sistemática.
Prensa Provea