Jueza federal bloquea deportaciones aceleradas ordenadas por el gobierno de Trump
En su resolución, la magistrada Jia M. Cobs considera que el caso implica “una cuestión de equidad”, dado que los migrantes entraron al país cumpliendo con las reglas vigentes, lque el gobierno ha modificado, a pesar de que la ley estatutaria “prohíbe” tales cambios unilaterales por el Ejecutivo
EL NACIONAL
Una jueza federal emitió este viernes una orden para bloquear el uso del procedimiento de deportación acelerada que el gobierno de Donald Trump había implementado para agilizar la expulsión de migrantes liberados bajo libertad condicional en Estados Unidos.
La magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, requirió a la Casa Blanca que suspenda la deportación sumaria de cientos de miles de personas que ingresaron a la nación huyendo de persecuciones en sus países de origen.
El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA, que denunciaron que el Ejecutivo está aplicando un proceso de deportación “profundamente defectuoso”. Esta situación se agravó luego de que en marzo se anulara un programa migratorio impulsado durante la presidencia de Joe Biden, que buscaba reducir la migración irregular por la frontera sur.
La demanda fue interpuesta en representación de migrantes beneficiados por la Operación Aliados Bienvenidos y el programa patrocinado para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), solicitando que se detuvieran las expulsiones sin acceso a audiencia judicial ni asesoría legal.
En su resolución, la jueza Cobs consideró que el caso implica “una cuestión de equidad”, dado que los migrantes entraron al país cumpliendo con las reglas vigentes, que el gobierno ha modificado posteriormente a pesar de que la ley estatutaria “prohíbe” tales cambios unilaterales por parte del Ejecutivo.
El bloqueo a las deportaciones representa otro revés para Trump
La magistrada criticó las tácticas empleadas para expulsar a migrantes, señalando que estas podrían asemejarse a los métodos represivos de los países de los que huyeron. “¿Serán expulsados sumariamente de un país, al ser detenidos en puestos de control y a la salida de los tribunales, a menudo por agentes vestidos de civil sin explicaciones ni cargos, puede parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar?”, escribió Cobs.
Este bloqueo representa otro revés para la administración Trump, que había incrementado su meta hasta 800 arrestos y deportaciones diarias.
Angélica Salas, directora de Chirla, celebró la decisión judicial y destacó que los migrantes demandantes “hicieron absolutamente todo lo que el gobierno les pidió” para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. “Merecen la dignidad de un día en la corte y esta demanda busca asegurar que la reciban”, afirmó la activista.
En marzo, la Casa Blanca anunció la cancelación del programa CHNV, que había permitido a aproximadamente 530.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en el país bajo patrocinio.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que el programa “no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumple sus propósitos previstos y es incompatible con los objetivos de política exterior” de la administración.
Los beneficiarios del programa tenían hasta el 24 de abril para obtener otro estatus migratorio o enfrentar la deportación.
Ama Frimpong, directora legal de CASA, advirtió que la lucha legal “está lejos” de terminar y que continuarán batallando para que la orden temporal se convierta en permanente.
La Casa Blanca enfrenta otras dos demandas relacionadas con la cancelación del programa CHNV, lo que mantiene la disputa judicial abierta en torno a estas políticas migratorias.