PETROCAOS
Isaías Márquez
Los indicadores que maneja el Fondo monetario Internacional (FMI) reflejan que Venezuela afronta, hoy por hoy, la peor de las crisis en Latinoamérica. Según estimaciones del organismo multilateral, el índice inflacionario para este año 2018, será de ±1000000 %.
Una lectura de las estadísticas permite interpretar, sin duda alguna, que el país está sumergido en el averno de la hiperinflación, con las cifras más altas registradas en su historia y en un silencio sepulcral por parte de sus autoridades, especialmente del Banco Central de Venezuela (BCV).
Pese a los múltiples incrementos salariales, decididos, compulsivamente, el poder adquisitivo del venezolano, es cada vez más insuficiente, ante un ambiente depauperado.
El Art 318 CRBV reza que el objetivo principal del BCV es “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”. Según esta norma, el organismo debe promover la estabilidad monetaria; vale decir, combatir la inflación, por lo que no puede convalidar políticas deficitarias; o mejor dicho, no debe financiar el déficit del gobierno. Es la única institución habilitada para emitir dinero, por lo que cuando financia a éste, podría generar exceso de liquidez. Y, constituye la forma más frecuente en la cual los gobiernos inducen a los bancos centrales a tal expansión monetaria, mediante el subterfugio del déficit, cuando gasta más de lo que ingresa; en el caso particular nuestro, por la renta petrolera.
La autonomía de todo banco central reposa, fundamentalmente, en la ley y en la estructura de su directorio. Pero, cuando se modifica la ley y se autoriza a que dicho organismo preste dinero al gobierno, y se cambia la composición de su directorio, a fin de que esté conformada por funcionarios que designe el gobierno de turno, se crea una combinación de elementos (vicios) que hace al BCV desarrollar políticas que van en contrasentido a la estabilidad monetaria.
Cuando el organismo emisor actúa como apéndice del gobierno genera una política monetaria expansiva, aumento de la liquidez más allá de lo que la economía puede absorver, lo cual genera inflación ya que nuestra economía no está indizada.
Ahora, sale el gobierno con la inconstitucionalidad del “petro” anclado al bolívar, cuando la CRBV establece: “en aso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que susbriba la República”; No bajo otras condiciones.