Día de los Derechos Humanos: la CIDH reafirma las obligaciones de los Estados para erradicar el feminicidio en las Américas
Washington, DC— En el Día Internacional de los Derechos Humanos, y en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por los persistentes y alarmantes niveles de feminicidio en la región. Esta forma letal de violencia basada en género continúa socavando la dignidad, la seguridad y la igualdad de las mujeres y niñas en las Américas y el Caribe.
En toda la región, cientos de mujeres son asesinadas cada mes por razones vinculadas a la desigualdad de género, lo que evidencia una crisis hemisférica impulsada por la discriminación, los estereotipos arraigados y la normalización de la violencia contra ellas. Los datos muestran tasas consistentemente altas —y en algunas áreas en aumento— de asesinatos cometidos por parejas íntimas, con las mujeres representando la mayoría de las víctimas. Los informes sobre creciente brutalidad, mayor letalidad y una impunidad generalizada subrayan que la violencia contra las mujeres y niñas, que con frecuencia escala hasta feminicidios, sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves y extendidas del hemisferio. La mayoría de las mujeres que enfrentan estos daños no pueden acceder a mecanismos efectivos de justicia o protección.
El feminicidio es consecuencia de desigualdades estructurales, discriminación e impunidad persistente que colocan a muchas mujeres —especialmente a aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad— en riesgo extremo. Los casos con frecuencia incluyen agresiones sexuales, violencia física severa, estrangulación y la quema o abandono de los cuerpos, lo que revela una crueldad destinada a silenciar e intimidar a las víctimas. Aunque muchos Estados han adoptado leyes para aumentar las penas, la evidencia muestra que el castigo más severo por sí solo no ha reducido los feminicidios. Los sistemas de protección siguen siendo inaccesibles, las investigaciones carecen de recursos, los datos confiables son escasos y la dependencia económica continúa atrapando a las mujeres en situaciones de violencia. Una prevención efectiva requiere políticas que actúen antes de que la violencia ocurra, incluyendo medidas sólidas de protección, refugios seguros, programas de autonomía económica y sistemas de apoyo comunitario.
La CIDH recuerda que la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados a ejercer debida diligencia reforzada para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio. Cumplir con estos estándares exige no solo reformas institucionales, sino también transformar las normas sociales y culturales que perpetúan la discriminación y normalizan la violencia. Erradicar el feminicidio requiere educación integral, campañas de sensibilización pública y la participación activa de hombres y niños para impulsar cambios de comportamiento basados en el respeto, la igualdad y la dignidad.
La Comisión reafirma que el feminicidio constituye una grave violación de derechos humanos y una amenaza directa para la vida democrática. En este Día de los Derechos Humanos, la CIDH insta a los Estados a fortalecer los mecanismos de investigación y protección, garantizar un acceso efectivo a la justicia e invertir en políticas públicas preventivas y de largo plazo que amplíen la autonomía de las mujeres, incluida la independencia económica, esencial para romper los ciclos de violencia. La Comisión reafirma su compromiso de trabajar junto a los Estados y la sociedad civil para asegurar que todas las mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia letal basada en género.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, que no representan a sus países de origen o residencia.