El Nuevo Herald: Empresario de Miami maneja el tóxico oro venezolano pese a las sanciones
Un empresario con residencia en el sur de Florida es uno de los principales dueños de un proyecto conjunto con el Ministerio de Defensa de Venezuela para explotar oro desde las profundidades de la selva amazónica pese a las sanciones impuestas por Washington a las operaciones mineras del régimen de Nicolás Maduro.
Por Antonio María Delgado y Nicholas Nehamas | ElNuevoHerald.com
El empresario trinitario-venezolano Clemente Ricardo Silva, con residencia en la ciudad de Doral, emerge como el principal inversionista en la construcción de una planta de cianuración en la localidad de Las Claritas en sociedad con militares venezolanos y figuras claves del régimen, dijeron fuentes militares y documentos obtenidos por el Nuevo Herald y el Miami Herald.
Silva alega que él vendió su participación en el proyecto y mostró a el Nuevo Herald dos cartas que dijo fueron enviadas al Ministerio de Minas, notificando sus intenciones de salir del proyecto, después que el gobierno de Estados Unidos sancionara las operaciones mineras del régimen.
No obstante, Silva y sus hijos aparecían en el Registro Mercantil de Venezuela como los principales dueños del proyecto, poseyendo el 80 por ciento del capital social, el 20 de enero de este año. Y las minutas de una reunión del directorio celebrada en octubre dan cuenta de la participación de Silva como el mayor accionista. Esa reunión fue realizada meses después del momento que Silva dice se separó del proyecto.
A medida de que los ingresos petroleros caen significativamente, Maduro ha conseguido en la industria aurífera del país una importante fuente de ingresos para su régimen. La minería de oro en Venezuela, así como en muchos otros países latinoamericanos, es una actividad violenta dominada por el crimen organizado y de impacto ambiental destructivo.
Parte sustancial del “oro de sangre” venezolano es vendido en el exterior a consumidores que desconocen su procedencia, siendo en ocasiones colocado en Miami, determinó una investigación realizada el año pasado conjuntamente por el Miami Herald y la organización colombiana InfoAmazonia.La planta vinculada a Silva está siendo construida en una de las zonas más ricas en oro de Venezuela y estaría en condiciones de procesar inicialmente unas 400 toneladas diarias de arenas auríferas para producir entre 80 y 150 kilogramos de oro al mes, o entre una y dos toneladas del metal al año.
Pero el grueso de esa producción difícilmente iría a parar a las arcas del Estado como establece la ley, ni sería utilizada para aliviar las grandes carencias que sufre la población venezolana, dijo el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Cristopher Figuera.
Como es el caso con casi todas las operaciones de oro en la región, la mayor parte de la producción del nuevo complejo probablemente será entregado al régimen y las ganancias serán usadas para engordar los bolsillos de los militares que sostienen a Maduro, dijo Cristopher Figuera, un general mayor que encabezó el servicio de inteligencia de Maduro hasta que desertó en abril.
“Maduro dirige una empresa criminal”, dijo Cristopher Figuera, quien agregó haber investigado el “saqueo” del sector aurífero venezolano antes de partir hacia Estados Unidos bajo riesgo inminente de arresto.
En ese esquema de operación criminal, “no se dejan rastros por escrito, sino que se dan instrucciones [debajo de la mesa], operando como si se tratara de una banda de delincuentes, para la asignación de estos contratos” de explotación de oro, explicó en una entrevista telefónica.
En las operaciones mineras de la región hay todo tipo de actores, incluyendo pequeños mineros privados, llamados artesanales, elementos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y hasta bandas criminales. Pero los que ejercen el verdadero control al final son los militares venezolanos, quienes controlan todo, dijo Cristopher Figuera.
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