El régimen de Maduro una vez más criminaliza al Alto Comisionado de la ONU

La reciente decisión de la Asamblea Nacional de declarar “persona non grata” al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, no es un hecho aislado ni una reacción impulsiva. Es la expresión más reciente, y una de las más peligrosas, de un patrón sistemático de hostilidad y deslegitimación que el régimen venezolano ha sostenido durante años contra los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. 

Prueba de ello es la secuencia de ataques que comenzó con los informes presentados por Michelle Bachelet durante su gestión como Alta Comisionada. Fue en junio de 2019 cuando Bachelet presentó su primer informe tras visitar Venezuela, en el cual sacó a la luz lo que muchas víctimas y organizaciones venían denunciando desde hacía años: ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, torturas, represión de la protesta, criminalización de la disidencia y condiciones inhumanas de detención, e incluso se atrevió a pedir la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES).

Por supuesto que la respuesta del régimen no fue de apertura ni autocrítica. Lejos de comprometerse con las recomendaciones, el régimen descalificó el informe, lo tachó de «tendencioso» y lo acusó de responder a “intereses imperiales”. Desde ese momento, la relación con la Oficina del Alto Comisionado entró en una espiral de confrontación, que no ha cesado hasta hoy.

Ese mismo año, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 42/25, que estableció una Misión Internacional Independiente para investigar las violaciones sistemáticas en Venezuela. El Gobierno venezolano reaccionó de inmediato, denunciando una “injerencia grosera” y negándose a colaborar. La palabra «soberanía» comenzó a ser utilizada como escudo para evitar el escrutinio internacional, incluso cuando los delitos denunciados eran de lesa humanidad.

En mayo de 2020 las Naciones Unidas alertaron sobre un incremento de las detenciones arbitrarias, represión política y restricciones ilegales a la libertad de expresión. El gobierno respondió con el mismo libreto: acusaciones de conspiración, señalamientos sin pruebas a organismos internacionales y un cierre progresivo de los canales de diálogo.

Los informes de seguimiento presentados en 2020 confirmaron patrones preocupantes: prácticas sistemáticas de tortura, desapariciones forzadas de corta duración, uso del sistema judicial para reprimir y ausencia total de independencia en las instituciones encargadas de garantizar justicia. Lejos de corregir el rumbo, el régimen endureció su discurso contra Naciones Unidas, criminalizando incluso a las víctimas que se atrevían a hablar ante estos organismos.

Desde entonces, la estrategia ha sido constante: negar los hechos, desacreditar a los relatores, expulsar a quienes documentan y cerrar toda posibilidad de cooperación internacional. Esta situación alcanzó un nuevo nivel en febrero de 2024, cuando el régimen suspendió las actividades de la Oficina en Caracas y ordenó la salida de su personal en 72 horas. 

Esto se hizo bajo la excusa de “injerencia inaceptable”, luego de que el Alto Comisionado exigiera la liberación de presos políticos y expresara preocupación por la falta de garantías en el proceso electoral. Lejos de ser una suspensión técnica, se trató de una expulsión política, dirigida a intimidar tanto a la Oficina del Alto Comisionado como a las víctimas que acudían a ella.

Meses más tarde, tras intensas presiones diplomáticas y la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, el gobierno venezolano anunció con retórica conciliadora que se “retomarían las relaciones” con la Oficina, pero el discurso de reconciliación duró poco. A finales de ese mismo año, nuevas declaraciones de Volker Türk denunciando leyes represivas, censura y persecución a ONG ‘s desataron una nueva ola de ataques. 

En ese entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las palabras de Türk como “infames” y “subordinadas a intereses imperiales”. Ahora, con la decisión parlamentaria de declarar a Türk “persona non grata” y las agresiones verbales proferidas por el presidente del Poder Legislativo, el régimen demuestra no solo su desprecio por los derechos humanos, sino su intención deliberada de aislar a Venezuela de toda forma de escrutinio internacional.

Esta ofensiva institucional tiene consecuencias directas y devastadoras. La Oficina del Alto Comisionado, pese a las limitaciones impuestas, funcionaba como un canal fundamental para las víctimas de violaciones de derechos humanos: personas detenidas arbitrariamente, familiares de presos políticos, víctimas de tortura, organizaciones de la sociedad civil, abogados y defensores. Su presencia brindaba una mínima garantía de visibilidad, protección y acompañamiento en un contexto donde la justicia local está cooptada por el poder político.

Expulsar a sus funcionarios, deslegitimar su liderazgo y criminalizar sus informes no solo entorpece los mecanismos de denuncia, sino que deja aún más desprotegidas a las víctimas y sus familias, aumenta el riesgo de represalias, promueve el silencio y manda un mensaje inequívoco: en Venezuela, quienes documentan la verdad serán castigados.

En lugar de cooperar con los mecanismos internacionales, el régimen venezolano opta por levantar muros, esconder a los responsables y ensañarse con quienes buscan justicia. Esta hostilidad no afecta a la ACNUDH, sino a los ciudadanos venezolanos que han sido perseguidos, encarcelados, torturados o silenciados.

Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reiteramos nuestro compromiso con las víctimas y sus familias, seguiremos documentando, denunciando y acompañando, pese a las amenazas. Además, instamos a la comunidad internacional a no abandonar a Venezuela, a redoblar la presión diplomática y a exigir respeto al mecanismo de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. 

Así como el régimen de Maduro asiste y opina en las diferentes presentaciones de informes en el Consejo de Derechos Humanos, de la misma forma deberían respetar las denuncias del Alto Comisionado y restablecer los derechos vulnerados y visibilizados a través de dichos informes. 

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

Foto: Cortesía