Estudiante de la ULA Mérida denunció que transportistas venden dinero en efectivo al 200%
**** Estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida denunciaron que los transportistas venden el dinero en efectivo hasta por el 200 por ciento de su valor, razón por la que no aceptan los billetes de 50 y 100 bolívares. Hicieron un llamado a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto.
Daniel Chacón, estudiante de Derecho, contó a Caraota Digital que observó unidades vendiendo el efectivo en la población de Ejido y en la ciudad de Mérida. “No es posible que aparte de quitar los avisos para piratear, corrompen y crean corrupción”, dijo, al tiempo que agregó que aumentan el pasaje sin autorización y es el ciudadano común quien padece la situación por la falta de efectivo que se registra en la entidad.
Explicó que las personas hacen sacrificios diariamente para conseguir dinero y en repetidas oportunidades deben caminar. Invitó a los trabajadores del volante a tener conciencia, puesto que todos los venezolanos son víctimas de las malas políticas del Gobierno nacional.
El subsidio del pasaje estudiantil quedó en el pasado
El universitario comentó que el subsidio del pasaje estudiantil quedó en el pasado. “Le habíamos pedido una reunión al sector transporte para dialogar y que respeten el subsidio del 30 por ciento, pero la alcaldía maneja una tarifa, las líneas organizados otra y los piratas quitan los avisos para cobrar lo que les venga en gana”, lamentó.
Finalizó diciendo que los encargados de hacer respetar la ley y los costos no lo hacen, e instó a la comunidad estudiantil para que no cancelen los montos ilegales que propone el sector transporte en el estado Mérida, los cuales, a su juicio, vulneran los derechos de cada uno.
En el estado Mérida no se maneja una tarifa única debido a que las líneas organizadas cobran entre 10.000 y 15.000 bolívares por el pasaje cortodentro de los municipios Libertador, Campo Elías y demás jurisdicciones, mientras que la tarifa para Mérida-Ejido se eleva entre 15.000 y 20.000 bolívares.
La ciudadanía se queja de ser la que sufre las consecuencias de la grave situación económica y en repetidas oportunidades debe trasladarse en “perreras”, unidades improvisadas ante la ausencia de un servicio óptimo como lo establece la Carta Magna, además de permanecer horas de espera en las calles para ir a trabajar o retornar a sus hogares.
