La amenaza de la desnacionalización llegó a Venezuela
Demanda de Maduro al TSJ para que lo reconozcan como “presidente”. Julio 2024
ALERTA VENEZUELA
Los recientes reportes sobre Venezuela revelan una profundización alarmante del deterioro institucional y la práctica sistemática de la persecución política, lo cual ha llevado al país a ocupar, de 143 países y jurisdicciones analizadas, el último lugar global en el Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index), publicado anualmente por el World Justice Project (WJP). Venezuela ratifica su indisposición absoluta de hacer justicia y controlar al poder.
La reincidencia del país en la última posición del Rule of Law Index no es casualidad; es el resultado necesario de una emergencia humanitaria compleja donde el Estado de Derecho se ha desmantelado y las formas legales importan cada vez menos. Este informe evalúa factores como los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el respeto a los derechos fundamentales, y la calidad de la justicia penal. Ocupar el último puesto indica que, según la medición, existen fallas críticas y estructurales en cada uno de estos aspectos.
La crisis política y legal subyacente a ese deshonroso último lugar en el mundo tiene su origen, como ha sostenido reiteradamente la CIDH, en el control total del Ejecutivo Nacional sobre todos los poderes del Estado, especialmente de su amplia capacidad de utilizar el Tribunal Supremo de Justicia para fines políticos-partidistas. La instrumentalización de la justicia se convierte en la norma, dejando sin efecto al principio de separación de poderes, y su pilar normativo más importante, la independencia judicial. La transformación del régimen autocrático venezolano hacia un sistema totalitario va avanzando a través de la sofisticación de los mecanismos de vigilancia y represión dirigidos a la disidencia local.
La persecución política ha escalado a niveles más críticos con las recientes acciones del gobierno de facto que pretenden despojar de la nacionalidad a los opositores e institucionalizar la vigilancia ciudadana. En primer lugar, la solicitud de Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia para privar de nacionalidad a Leopoldo López y a cualquier persona “vendepatria” o que apoye una intervención militar extranjera, representa un movimiento de una gravedad inédita. En sentido similar se presentó por grupos afectos al oficialismo una denuncia en el Ministerio Público dirigida contra periodistas y formadores de opinión venezolanos que residen en el exterior. Aunque la Constitución en su artículo 35 establece que ningún venezolano de nacimiento puede ser despojado de su nacionalidad, el intento de emplear la justicia para tales fines reafirma su carácter dócil y subordinado, así como el hermetismo de Maduro para procurar una salida negociada a la crisis política.
En segundo lugar, y paralelamente, la orden de Maduro de crear una aplicación móvil para que los venezolanos puedan reportar a quienes consideren disidentes, integrando a las fuerzas militares en su uso, institucionaliza la figura del «traidor» y convierte la delación en una política de Estado. Esta iniciativa crea un ambiente de sospecha generalizada y miedo, minando la confianza social y desincentivando cualquier forma de crítica por parte de los ciudadanos comunes. Dicho mecanismo de vigilancia ciudadana, con respaldo militar, recuerda a las prácticas de otros estados totalitarios y busca externalizar el control político haciendo que la ciudadanía participe activamente en la represión de la oposición. Lamentablemente esta práctica no sería nueva: inició con la denuncia entre vecinos por parte de estructuras de gobierno, incluido contra menores de edad, a través de la aplicación “VenApp”, tras las protestas postelectorales del 28 de julio, en respuesta a comentarios en redes sociales o personales en contra del fraude. Algunos recibieron condenas de 10 años de prisión. Y, aún hoy, sigue sucediendo, contra manifestantes o cualquier “disidente”.
La voluntad de expandir la represión política se desarrolla en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval cerca de las aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Maduro aprovecha la coyuntura para castigar a la disidencia (en este caso, por supuestos «llamados a la invasión»), al mismo tiempo que envía un mensaje disuasivo a cualquier persona sobre las consecuencias de desafiar al gobierno, lo que abarcaría la pérdida de la nacionalidad y, por ende, de todos los derechos políticos y civiles, al mejor estilo nicaragüense, dando más poder a la dictadura venezolana.
Este estadio del conflicto político parece estar abonando el terreno para la comisión de nuevos métodos de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, lo que ha sido la línea de conducta de Maduro tras autoimponerse como gobernante de facto desde el 28 de julio de 2024, cuando arrebató la presidencia a Edmundo González Urrutia. Vale recordar que luego de más 2000 personas detenidas y/o desaparecidas, incluidos cientos de torturados, y al menos 25 personas fallecidas, la apuesta del gobierno continúa en la generación y utilización de presos políticos con fines de chantaje, incluso extranjeros como “fichas de canje”, acusados de “terrorismo”, “traición a la patria” o cualquier figura legal aberrante, y en el caso de los venezolanos, incorporando la amenaza de privarlos de nacionalidad y aumentar sus niveles de vulnerabilidad. Se consolida la criminalización de la disidencia como mecanismo principal de control y castigo del régimen.
Ante la sistemática violación de los derechos humanos y el desbordamiento del conflicto en Venezuela, es imperativo que la comunidad internacional redoble su monitoreo sobre el país y mantenga con niveles adecuados la operatividad de los mecanismos de rendición de cuentas, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Asimismo, se debe exigir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional celeridad en su investigación y que proceda a abrir un caso y adopte las medidas legales correspondientes con el fin desestimular la continuidad de estos crímenes y garantizar justicia a las víctimas. La articulación de los Estados democráticos, a través de la presión diplomática y los mecanismos de justicia universal e internacional, junto a la documentación rigurosa de los hechos y la denuncia pública coordinada, son medidas cruciales para obligar a Maduro a negociar y favorecer la restauración democrática y del Estado de Derecho en el país.