Represión, cierre de espacios internacionales y riesgos hemisféricos: balance 2025 y urgencias para 2026
Durante el último año, Venezuela ha experimentado una profundización de prácticas represivas y un cierre aún mayor de los espacios institucionales para la defensa de los derechos humanos. Los patrones observados sugieren una consolidación progresiva de un régimen de control político total, donde la persecución, la desaparición forzada y la instrumentalización de personas —incluyendo extranjeros— se emplean como herramientas centralizadas de poder.
Agudización de la represión y consolidación de un régimen totalitario
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han documentado el incremento de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta y mediana duración, criminalización de la protesta y restricciones sistemáticas a defensores de derechos humanos. En este período, la desaparición forzada como práctica sistemática ha resurgido como un mecanismo de control que busca inhibir cualquier expresión de disidencia social o política, reforzando la arquitectura represiva del Estado.
Un elemento especialmente preocupante es la adopción de patrones asociados a la llamada “diplomacia de rehenes”, mediante la cual personas extranjeras son detenidas bajo cargos opacos o fabricados. Según lo relatado por familiares y representantes legales, a uno de los detenidos franceses se le habría dicho una frase reveladora de la intención política tras estas detenciones: “nos sirven más presos que libres”. Este mensaje sintetiza una lógica de instrumentalización humana para presionar negociaciones y obtener concesiones internacionales, ampliando la gravedad de la situación más allá de las fronteras venezolanas.
Cierre de espacios de interlocución con la OACNUDH y la CPI
En el ámbito internacional, 2025 estuvo marcado por una ruptura activa con los mecanismos multilaterales de protección de derechos humanos.
El gobierno de facto intensificó la presión y el hostigamiento contra la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), restringiendo su operación e incluso expulsando parte de su personal, lo que terminó por cerrar de facto el espacio de cooperación dentro del país. Este retroceso confirmó lo que organizaciones de la sociedad civil habían advertido durante años: nunca existió un ánimo genuino de cooperar, sino una estrategia para proyectar moderación ante la comunidad internacional mientras se mantenía intacta la estructura represiva interna.
La situación escaló con la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar su oficina en Caracas, una señal contundente del deterioro en las condiciones mínimas de interlocución con las autoridades. El cierre demuestra la ausencia de voluntad de cooperación para facilitar la investigación independiente sobre crímenes de lesa humanidad.
Frente a Estados Unidos: migración instrumentalizada y un Caribe militarizado
El gobierno de facto continúa empleando la migración venezolana como herramienta política y diplomática, favoreciendo o frenando flujos migratorios según la coyuntura. Esta instrumentalización se ha dado en un contexto donde la oposición institucional ha reaccionado de manera tardía y tímida, sin una estrategia articulada para denunciar internacionalmente el uso político del éxodo ni para defender los derechos de millones de venezolanos desplazados por la emergencia humanitaria.
A esto se suma el incremento del despliegue militar en el Mar Caribe, con maniobras que elevan tensiones regionales. El Caribe se ha convertido en un espacio donde convergen intereses militares, riesgos de incidentes y dinámicas migratorias cada vez más precarias. Objeto de grave preocupación es el bombardeo de lanchas con ciudadanos venezolanos sin la realización de un juicio ni evidencia que determinen la condición de estos. Ante estos hechos, causa igual preocupación la débil manifestación de los sectores democráticos venezolanos, vista la clara violación de derechos humanos.
¿Qué hizo la comunidad internacional y qué se espera para 2026?
La respuesta internacional en 2025 fue dispareja:
Algunos países y organismos mantuvieron posiciones firmes, documentando violaciones y fortaleciendo procesos de investigación, en tanto otros privilegiaron agendas geopolíticas o negociaciones económicas sobre la protección de los derechos humanos. En general, la comunidad internacional no logró frenar el cierre del espacio cívico y el aumento de la represión.
De cara a 2026, la comunidad internacional enfrenta un desafío decisivo:
¿Mantener una estrategia fragmentada y reactiva o construir una política común, sostenida y centrada en la protección efectiva de las víctimas?
Lo pendiente incluye:
Reforzamiento de los mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo un apoyo explícito a la continuidad de procesos ante la CPI y la exigencia de progresos sustantivos a la brevedad, así como el fortalecimiento de la Misión Internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Avanzar en la protección a defensores de derechos humanos, ciudadanos en ejercicio de la defensa del voto, sindicalistas y periodistas, especialmente ante el cierre de oficinas internacionales en el país.
Implementar una política integral hacia la migración venezolana, centrada en derechos y no en contención.
Combatir la diplomacia de rehenes, estableciendo estándares claros y coordinados de respuesta.
2026 puede marcar el punto de inflexión entre la consolidación definitiva de un régimen totalitario o el inicio de una presión internacional coherente que acompañe la lucha de los venezolanos por recuperar sus libertades fundamentales.
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