Un año de ataques y represión para los universitarios
Organismos de seguridad del estado detuvieron y criminalizaron a estudiantes y profesores. El éxodo, control y abuso marcaron la pauta. Las universidades quedan paulatinamente vacías y sus defensores van de las clases a la cárcel
Las universidades, históricamente, han sido el epicentro del pensamiento crítico y plural de una nación, donde las ideas, que nacen de un proceso científico y académico, afloran y nutren directamente la democracia, razón por la cual las dictaduras comúnmente toman a la comunidad universitaria como principal blanco de ataque.
Ese contexto, arropo a las universidades venezolanas durante el 2017 y la Organización No Gubernamental, Aula Abierta Venezuela, determinó que el Estado, a través de los órganos que conforman los Poderes Públicos, implementó una política dirigida a pulverizar los derechos humanos que protegen a los universitarios, materializándose en la criminalización de la protesta, persecuciones, asedios y demás.
Las manifestaciones, que se originaron a finales de marzo a raíz de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales agravaron la ruptura del orden constitucional en Venezuela al usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, iniciaron una ola de protestas de la sociedad civil exigiendo el restablecimiento de la institucionalidad y la democracia. Los reclamos en las calles, que duraron entre Abril y Julio, incrementaron su intensidad cuando el Presidente Nicolás Maduro, realizó la convocatoria, inconsulta, a la Asamblea Nacional Constituyente.
Rojos contra el saber
A lo largo de los cuatro meses, la comunidad universitaria conformada por profesores y estudiantes, se erigió como uno de los protagonistas de las manifestaciones donde el uso desproporcional de la fuerza, represión e incluso uso de armas de fuego, fue la regla por parte de los órganos de seguridad del Estado venezolano y por civiles armados que actuaron, según algunas voces, con “beneplácito gubernamental”.
La Guardia Nacional Bolivariana, llamada a garantizar la seguridad de la ciudadanía, fue el principal componente represor del Estado al liderar 82 por ciento de las represiones. Al menos, 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente en el transcurso del año 2017 por motivos como: publicar ideas críticas en contra de las políticas públicas del gobierno y participar en manifestaciones. Ocho de los catedráticos fueron presentados ante la justicia militar, seis ante la justicia ordinaria y tres liberados desde los centros de detención.
De los casos, destaca el del profesor Santiago Guevara de la Universidad de Carabobo, quien fue detenido arbitrariamente el 21 de febrero bajo el cargo de “traición a la patria”, luego de publicar un artículo de opinión en un diario de Madrid. Recientemente fue liberado y su estado de salud está comprometido al padecer múltiples afecciones. En la actualidad, profesores como Rolman Rojas se encuentran, injustamente, privados de libertad.
Abusos y asedios
La mayoría de los estudiantes, detenidos arbitrariamente, fueron presentados ante la justicia militar y quedaron afectados por medidas privativas de libertad. Uno de los casos es el de los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), quienes fueron presentados ante la justicia militar en virtud de una imputación de los delitos de instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la FANB, violación de zona de seguridad y destrucción de fortaleza, enviando a once de los detenidos a la cárcel militar El Dorado. Su condición de salud es delicada y varios presentan Paludismo.
Desde el 2010, el Poder Judicial Venezolano tomó decisiones que vulneran la libertad académica, autonomía y el derecho a una educación de calidad, al suspender elecciones universitarias, actos de grado, concursos de oposición para profesores e imponer nuevos ingresos a la educación superior realizados por la Opsu.
Además del asedio constante de una deformada “justicia”, las universidades venezolanas se encuentran carentes de estudiantes y profesores. Las causas de este fenómeno son diversas y la realidad venezolana esta marcada por una profunda crisis económica, política y social a la que se suma la crisis presupuestaria denunciada en las distintas casas de estudios superiores, las cuales afirman recibir entre un 20 y 30 por ciento del presupuesto requerido al Ministerio de Educación Superior. Esto ocasiona que servicios estudiantiles como comedores, transportes e inclusos providencias (programas de subsidio), sean prácticamente nulos, dejando a la población estudiantil universitaria desamparada.
Control y éxodo
La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), monopoliza la distribución de los alimentos proteicos de los comedores estudiantiles, la asignación y manejo de recursos de las divisiones de transporte de las universidades y asigna inconsultamente nuevos ingresos de estudiantes para los cuales las casas de estudio, no tienen la capacidad. No solo los estudiantes en Venezuela abandonan las aulas, también los profesores.
En algunas universidades como la UCV, estimaron la fuga de talento este año entre un 30 y 50 por ciento. El éxodo de talento profesoral calificado al exterior, atiende a la búsqueda de una mejor calidad de vida y resulta lógico si se toma en consideración los “pírricos” sueldos que perciben los catedráticos por su labor.