El elevado costo de las violencias contra las mujeres en México
Familiares de desaparecidos protestan en la ciudad de Veracruz, en el estado homónimo del sureste de México. La violencia deja una elevada carga física, emocional, laboral, económica y de salud, aún no cuantificada, en este país latinoamericano, con un peso especial y diferenciado para las mujeres. Imagen: Emilio Godoy / IPS
MÉXICO – Desde 2010, la defensora de derechos humanos Teodomira Rosales ha cambiado de residencia tres veces en México y ha tenido incluso que vivir fuera del país unos meses, a causa de las amenazas en su contra.
“No es un tema chido (agradable), mi desplazamiento fue muy triste, porque teníamos ilusiones de tener una casa. Y al tenerla, nos desplazamos. Nunca pensé que defender a desplazados era pecado”, relató a IPS la directora del no gubernamental Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, del suroccidental estado de Guerrero.
En 2018 ella y sus hijos abandonaron la comunidad Tecoanapa, en el homónimo municipio de Guerrero, a unos 480 kilómetros al sureste de Ciudad de México, para residenciarse en Chilpancingo, la capital del estado. Luego, en 2020 debieron desplazarse hacia la capital, donde también ha recibido intimidaciones.
Los ataques provienen de su trabajo con grupos desplazados en Guerrero, estado asolado por bandas de narcotraficantes y uno de los territorios más pobres del país.
La migración obligada ha sido un suplicio para esta afro indígena y defensora de derechos humanos de 43 años, divorciada y madre de cuatro hijos, y que ha tenido una caída emocional, laboral y de salud por las amenazas y los forzados desplazamientos con sus hijos.
“Llegar con una muda de ropa, pensar que no tienes dinero, ni quién te ayude. Estás como bloqueada, estás sola. La vida en un pueblo se vive tranquila, todos nos conocemos. Pero al estar en Ciudad de México, todo cambia, llegamos a un lugar desconocido. Es una ciudad muy grande, nadie se conoce y luego en una zona donde hay gente güera (blanca), alta”, señaló.
Rosales, quien ha estado cobijada por el gubernamental Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y quien tuvo que irse a Francia en 2024 por unos meses con sus hijos, pasó del miedo a la autoinculpación, a la depresión y a una adaptación relativa.
“No nos acostumbrábamos a un apartamento, era muy complicado. No sentía sabor ni siquiera la comida. En las noches lloraba mucho, soñaba con mi casa. Siempre me preguntaba qué hice, si defender derechos humanos era lo único que hice. Caí en depresión, igual que mis hijos. Me he enfermado mucho desde que salí”, relató.
Esta historia refleja el impacto de la violencia sobre asuntos como la vida económica de las mujeres en México, incluyendo el acceso al mercado laboral, especialmente en los estados más asediados por este flagelo.
Los datos más recientes denotan la situación de violencia en la que viven millones de mujeres mexicanas, por diferentes razones, desde su activismo como es el caso de Rosales, hasta el empoderamiento en su comunidad, el trabajo o en su misma familia, o la discriminación por su condición de género.
De los 130 millones de habitantes en este país latinoamericano, prácticamente la mitad son mujeres y de ellas siete de cada 10 mayores de 15 años reportan haber experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Históricamente, las tasas de denuncia de violencia de género han sido extremadamente bajas. Estimaciones recientes indican que alrededor de 93 % de los casos de violencia sexual no se denuncian o no originan una investigación de las autoridades.
Los dos subindicadores del Índice de Paz México 2025 más estrechamente asociados con la violencia contra las mujeres son la violencia sexual y la violencia familiar, cuyas tasas oficiales se han más que duplicado en la última década.
En los primeros cinco meses del año, de los 16 364 homicidios registrados en México, una cuarta parte de las víctimas fueron mujeres. Mientras, los feminicidios totalizaron 274, casi un cuarto menos del nivel del mismo periodo de 2024.
Pero si en 2015 los feminicidios, o asesinatos de mujeres por razón de su género, representaban casi 20% de los homicidios de mujeres, esta tasa aumentó a 24 % el año pasado.
El costo de la violencia de género totalizaba 1,4% del producto interno bruto (PIB) en 2015, cifra que pudo haber aumentado desde ese año.
Exclusión
Esta situación de violencia repercute en la participación laboral femenina en México, según estadísticas y expertas consultadas.
Mariana Ávila, fundadora y presidenta del no gubernamental Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, un estado del centro del país, analizó que la invisibilización y falta de prevención son factores que impulsan esta violencia
“Hay una gran deuda, muchos pendientes. Hay falta de perspectiva de derechos, de enfoque de género, de políticas públicas y la generación de la agenda pública. En el trabajo se replican las violencias en los espacios familiares y que no están siendo atendidas. Institucionalmente, no se han logrado mecanismos para que las mujeres empaten horarios labores con escolares o con centros infantiles”, señaló a IPS.
La especialista citó el caso de Aguascalientes, imán de industrias ensambladoras de automóviles, electrodomésticos y otros equipos, y cuyos puestos de trabajo recaen en manos femeninas, lo que las ha situado a la cabeza de los hogares y su principal sostén económico.
“Por lo regular, las mujeres solventan la canasta básica, pero los trabajos que tienen un mayor ingreso son de varones en las grandes empresas. Tenemos un problema fuerte cuando hay una denuncia por violencia, porque los que pagan los créditos del hogar son hombres. En la mayoría de los casos, las mujeres tienen que retirarse del hogar”, denunció desde Aguascalientes, capital del estado homónimo. .
El resultado: perjuicio al acceso a salarios más dignos y condiciones de seguridad social.
Entre las 90 recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que vela en el mundo por el cumplimiento de la convención al respecto, vigente desde 1981, ha dirigido a México, figuran medidas para mejorar la vida económica de las mujeres.
Entre ellas destacan el cumplimiento de la ley laboral, mejor acceso al empleo formal y presupuesto adecuado para el Sistema Nacional de Cuidados.
Pero pese a los avances registrados a lo largo de este siglo, predomina la desigualdad económica de género.
En mayo último, la población económicamente activa, las personas que trabajan, buscan empleo o están dispuestas a trabajar, sumó 61,7 millones de personas, ligeramente mayor que la cantidad registrada en el mismo lapso de 2024. Las mujeres representaron 45,8%, por debajo de la tasa de hace un año (47 %).
Entre 2005 y 2023 la participación de las mujeres en el mercado laboral creció cinco puntos porcentuales, por lo que demorarían 119 años que alcancen el porcentaje de los hombres.
Los costos de la violencia de género cruzan estos datos. Por ejemplo, la reparación del daño por un caso de violencia en Aguascalientes ascendió a unos 82 000 dólares, sin el apoyo psicológico.
Al respecto, en México operan un fondo federal, otro estatal y uno más a cargo de las fiscalías, insuficientes ante el nivel de violencia imperante.
Más adaptada a la vida en la metrópoli capitalina, pero añorando su tiene a la que la perspectiva de volver es lejana, Rosales plantea la necesidad de que el gobierno dé atención a los desplazados internos.
“Necesitamos apoyo, porque cuando hay una persona desplazada, nadie se acerca. El gobierno no mira a las víctimas de desplazamiento, no veo que den atención. Pero las personas que no son defensoras son más vulnerables. El desplazamiento no se menciona ni se quiere reconocer, porque no hay ley”, cuestionó.
Desde 2009, la cantidad de desplazados internos ha aumentado en México, hasta ascender a 390.000 por situaciones violentas en 2024.
Para la experta Ávila, urge la superación de barreras como la corrupción, la incapacidad, la falta de fortalecimiento institucional y de presupuesto. “Hay mucho trabajo hecho por la sociedad civil y las víctimas, pero poca respuesta institucional. Podríamos tener más roles y necesitamos discutirlo en el debate público”, sostuvo.
ED: EG