Experta de la ONU: hemos recibido casos de migrantes venezolanos que podrían considerarse desapariciones forzadas
La integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU explicó que su tarea es ser un puente de comunicación entre los gobiernos y los familiares o abogados de las víctimas. En el caso de los migrantes venezolanos enviados a El Salvador, dijo que ya se enviaron las comunicaciones correspondientes
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está procesando casos de migrantes venezolanos deportados a El Salvador que podrían considerarse desapariciones forzadas, aseguró la integrante de esta instancia, Ana Lorena Delgadillo, quien señaló que ya enviaron las comunicaciones correspondientes a los gobiernos involucrados.
“Recibimos información que ya está siendo procesada a través de nuestro mandato (…) Hemos recibido información de casos que se podrían considerarse como desapariciones forzadas”, dijo la experta del grupo de trabajo en conversación telefónica con El Pitazo, quien detalló que las comunicaciones a los países se enviaron recientemente.
El pasado 16 de marzo el gobierno de Estados Unidos envió al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador a un total de 238 migrantes venezolanos apelando a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, bajo el argumento de que pertenecen a la banda criminal Tren de Aragua. Quince días después, el 31 de marzo, la administración de Trump anunció que 17 migrantes más fueron enviados a este centro de detención, presuntamente miembros del Tren de Aragua y de la organización Mara Salvatrucha (MS.13), sin precisar cuántos de los nuevos deportados son venezolanos.
En la mayoría de estos casos, destacó un patrón de desaparición forzada y violación al debido proceso en el que no se les informó a los detenidos a qué lugar eran trasladados, y tampoco se les permitió hablar con familiares o apelar la decisión. “Con el agravante de que están siendo enviados a un país distinto, donde además sus familiares no pueden ir a preguntar directamente”, agrega Delgadillo.
Desde el envío del primer grupo de venezolanos a El Salvador un gran número de familiares ha denunciado, muchos de ellos públicamente a través de medios de comunicación o redes sociales, irregularidades en los procesos de deportación de los migrantes. Los denunciantes aseguran que sus familiares no tenían procedimiento legal previo en Estados Unidos, antecedentes penales, ni orden de deportación, otros fueron detenidos por las autoridades migratorias días o semanas antes.
La presencia de cierto tipo de tatuajes en su cuerpo fueron una constante que los llevó a salir de país norteamericano casi sin previo aviso y sin posibilidades de defenderse. Las autoridades hasta la fecha no han ofrecido información sobre estas deportaciones. Fue a través de una lista que se filtró a la cadena CBS que se conocieron los nombres del primer grupo de más de 200 deportados.
Esos procedimientos se realizaron pese a la orden del juez de distrito James Boasberg de suspender temporalmente el envío de migrantes al país centroamericano, e, incluso, de regresar a suelo estadounidense a los venezolanos que ya se encontraban viajando a El Salvador. Esta decisión fue anulada por la Corte Suprema, que el 7 de abril dijo que el gobierno de Trump podía continuar con las deportaciones de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Además de condenar la actuación del gobierno estadounidense en el caso de las deportaciones masivas de venezolanos a El Salvador, las cuales en algunos casos constituyen casos de desapariciones forzadas, Ana Lorena Delgadillo se solidarizó con las familias que actualmente atraviesan esta situación.
Destacó la confidencialidad de la información que obtienen en el grupo de trabajo, y señaló que, en general, reciben casos de organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas, o abogados particulares.
“Incluso pueden unirse varias familias y solicitar un taller para conocer lo que puede hacer el grupo de trabajo”, destacó. También instó a los familiares de víctimas de casos de desapariciones forzadas a organizarse y, conjuntamente, hacer más peso en la denuncia de casos de desapariciones forzadas. “La experiencia en México nos ha enseñado que cuando las familias se unen es más contundente el mensaje”.
Los muros impenetrables de una cárcel de El Salvador separan a 238 venezolanos de sus familias
El rol del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas
Delgadillo explicó que una de las tareas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés) es ayudar a los familiares de personas desaparecidas a conocer su paradero. Esta instancia funge como un puente de comunicación entre los familiares de las víctimas, o sus abogados, y los Estados involucrados que trabaja de manera independiente a otras instancias de las Naciones Unidas.
Este grupo de trabajo está integrado por expertos independientes que buscan un diálogo directo con los gobiernos de los países donde existen casos de desapariciones forzadas con el fin de buscar una intermediación.
Si un caso incluye la participación de más de un país, como en las deportaciones masivas de los migrantes venezolanos a El Salvador, el WGEID envía la comunicación a ambos países, y, en caso de obtener una respuesta, informan inmediatamente a los familiares de las víctimas, ya que son los primeros interesados en conocer el paradero de la persona desaparecida.
El grupo de trabajo recibe casos de múltiples actores, incluyendo abogados particulares, indica Delgadillo, y la información la manejan de forma confidencial.
El caso venezolano
El Grupo de Trabajo destacó en su más reciente informe sobre Venezuela el hallazgo de un patrón de desapariciones forzadas en el contexto preelectoral, electoral y postelectoral del pasado 28 de julio, y tras la investidura presidencial de Maduro. Entre las víctimas destacan defensores de Derechos Humanos, periodistas, personas que quieren manifestarse o utilizar el espacio cívico, opositores o los que el Gobierno perciba de esa manera. En ese sentido, Delgadillo reiteró su preocupación por lo que parece una práctica sistemática de la Administración de Maduro.
Sobre Venezuela, destaca la petición de Nicolás Maduro al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, de intermediar y activar los mecanismos correspondientes con el fin de lograr la repatriación de los venezolanos deportados a El Salvador.
La petición de Maduro, que no fue realizada directamente al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, también fue replicada por familiares de las víctimas, que recientemente acudieron a la oficina de la ONU en Caracas para elevar la solicitud, y por defensores de Derechos Humanos; sin embargo, algunos de los activistas recuerdan el silencio de la Administración chavista en las reiteradas comunicaciones enviadas por los casos de desapariciones forzadas registrados en Venezuela.
Ante la observación, Delgadillo destaca que el equipo de expertos trabaja con el único objetivo de evitar y prevenir las desapariciones forzadas.
―¿Pueden ustedes solicitar a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que, como parte de su respuesta a las solicitudes de la Administración de Maduro, recuerde que hay solicitudes pendientes en casos de desapariciones forzadas en Venezuela?
―No. Nosotros nos hemos comunicado con el gobierno de Maduro y no hemos obtenido respuesta, pero lo que buscamos es un diálogo directo porque esa es parte de la naturaleza de nuestro mandato. Somos independientes incluso de la oficina del Alto Comisionado.
Delgadillo recuerda que como parte de las tareas del mandato los expertos pueden dar asesorías a los Estados o cooperación técnica para apoyar la búsqueda de soluciones a los retos que les impide cumplir con las declaraciones de Naciones Unidas. Los mecanismos para reparación de las víctimas corresponde a otras instancias, señaló Delgadillo.
En un reciente comunicado conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expertos de la ONU instaron a las autoridades venezolanas a cumplir con las normas de derecho internacional. El texto destaca las reiteradas denuncias y recursos de habeas corpus introducidos por abogados que no son procesados y, en ocasiones, ni siquiera aceptados. Consideran necesario evitar daños irreparables a las víctimas.
¿Qué es una desaparición forzada?
Delgadillo recuerda la importancia de entender cuándo alguien está frente a un caso de desaparición forzada, con el fin de denunciar oportunamente ante las diferentes instancias, incluyendo el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.
La ONU define la desaparición forzada como “el arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de libertad realizado por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, lo que sustrae a la víctima de la protección de la ley”.
En ese sentido, Delgadillo destaca tres elementos necesarios para identificar casos de desapariciones forzadas:
- Privación de libertad contra la voluntad de la persona
- Participación de funcionarios del Estado, incluso por consentimiento
- Negativa de las autoridades a reconocer la privación de libertad o informar sobre el paradero de la víctima.
La experta de la ONU también resalta que no existe un tiempo límite para que ocurra un caso de desaparición forzada. “Se pudo desconocer el paradero de una persona durante media hora, un día, un mes o un año”, apuntó.
¿Qué hacer ante un caso de desaparición forzada?
El WGEID trabaja a través de varias modalidades. Como parte del mandato humanitario, la misión puede recibir casos de desaparición forzada enviados por familiares o abogados de las víctimas. En la página web del Grupo de Trabajo hay un formulario que debe ser completado por los interesados. La solicitud se puede enviar por el correo electrónico hrc-wg-eid@un.org.
El caso es registrado y evaluado por el equipo en Ginebra, Suiza, que funge como puente entre las personas que dan la información y el Estado.